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29142
Martes
7
agosto
2001
BOE
núm.
188
MINISTERIO
DE
MEDIO
AMBIENTE
15379
CORRECCIÓN
de
errores
de
la
Resolución
de
14
de
junio
de
2001,
de
la
Secretaría
Gene-
ral
de
Medio
Ambiente,
por
la
que
se
dispone
la
publicación
del
Acuerdo
del
Consejo
de
Ministros
de
1
de
junio
de
2001,
por
el
que
se
aprueba
el
Plan
Nacional
de
Residuos
de
Construcción
y
Demolición
2001-2006.
Advertido
error
en
el
texto
de
la
Resolución
de
14
de
junio
de
2001,
de
la
Secretaría
General
de
Medio
Ambiente,
por
la
que
se
dispone
la
publicación
del
Acuer-
do
de
Consejo
de
Ministros
de
1
de
junio
de
2001,
por
el
que
se
aprueba
el
Plan
Nacional
de
Residuos
de
Construcción
y
Demolición
2001-2006,
publicada
en
el
«Boletín
Oficial
del
Estado»
número
166,
de
12
de
julio
de
2001,
se
transcribe
a
continuación
la
oportuna
rec-
tificación:
En
la
página
25313,
tabla
número
4,
segunda
colum-
na
(programa),
tercer
párrafo:
Donde
dice:
«a)
Programas
de
búsqueda
de
salidas
y
usos
comerciales
de
los
materiales
procedentes
de
los
NFU.
b)
Desarrollo
de
Mejoras.
Tecnológicas
para
el
tratamiento
de
los
NFU.»
Debe
decir:
«a)
Programas
de
búsqueda
de
salidas
y
usos
comerciales
de
los
materiales
procedentes
de
los
RCDs.
b)
Desarrollo
de
mejoras
tecnológicas
para
el
tra-
tamiento
de
los
RCDs.»
MINISTERIO
DE
ECONOMÍA
15380
REAL
DECRETO
867/2001,
de
20
de
julio,
sobre
el
Régimen
Jurídico
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión.
La
Directiva
93/22/CEE,
del
Consejo,
de
10
de
mayo,
relativa
a
los
servicios
de
inversión
en
el
ámbito
de
los
valores
negociables,
supone
un
importante
paso
ade-
lante
en
la
integración
financiera
de
la
Unión
Europea,
en
la
medida
en
que
regula
el
pasaporte
comunitario
para
las
empresas
de
servicios
de
inversión.
La
trans-
posición
de
esta
norma
al
ordenamiento
español
se
rea-
lizó
a
través
de
la
Ley
37/1998,
de
16
de
noviembre,
de
reforma
de
la
Ley
24/1988,
de
28
de
julio,
del
Mer-
cado
de
Valores,
que
el
presente
Real
Decreto
desarrolla.
La
Ley
37/1998
define
a
las
empresas
de
servicios
de
inversión
como
aquellas
entidades
financieras
cuya
actividad
principal
consiste
en
prestar
servicios
de
inver-
sión
con
carácter
profesional
a
terceros.
Dentro
de
esta
categoría
incluye
a
las
sociedades
de
valores,
las
agen-
cias
de
valores
y
las
sociedades
gestoras
de
carteras,
entidades
que
podrán
aprovechar
las
ventajas
del
pasa-
porte
único
para
actuar
en
otros
Estados
miembros
de
la
Unión
a
través
de
la
libre
prestación
de
servicios
o
la
libertad
de
establecimiento.
El
primer
objetivo
de
este
desarrollo
de
la
Ley
37/1998
es,
por
tanto,
regular
el
régimen
admi-
nistrativo
al
que
estarán
sujetas
las
empresas
de
servicios
de
inversión
en
aspectos
tales
como
los
requisitos
de
acceso
a
la
actividad
y
su
operativa.
En
este
sentido,
la
norma
sustituye
al
Real
Decreto
276/1989,
de
22
de
marzo,
sobre
sociedades
y
agencias
de
valores
y
a
la
regulación
de
las
sociedades
gestoras
de
carteras
con-
tenida
en
el
Título
IV
del
Reglamento
de
la
Ley
46/1984,
de
26
de
diciembre,
reguladora
de
las
instituciones
de
inversión
colectiva,
aprobado
por
el
Real
Decreto
1393/1990,
de
2
de
noviembre.
En
segundo
lugar,
el
presente
Real
Decreto
regula
la
actuación
transfronteriza
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión,
en
aplicación
de
la
Directiva
93/22/CEE.
Por
otra
parte,
esta
norma
supone
un
esfuerzo
de
homogeneización
de
la
normativa
financiera,
al
buscar
el
máximo
paralelismo
de
la
regulación
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión
con
respecto
a
la
de
las
enti-
dades
de
crédito.
No
podía
ser
de
otro
modo,
por
cuanto
la
Ley
37/1998
permite
a
las
entidades
de
crédito
rea-
lizar
todo
tipo
de
servicios
de
inversión.
Por
último,
conviene
destacar
el
ánimo
liberalizador
del
presente
Real
Decreto.
En
efecto,
la
prestación
de
servicios
de
inversión
está
expuesta
a
una
competencia
creciente,
fruto
de
las
oportunidades
que
ofrece
el
pasa-
porte
comunitario
que
aporta
la
Directiva
de
servicios
de
inversión
y
de
la
apertura
de
la
prestación
de
todos
los
servicios
de
inversión
a
las
entidades
de
crédito.
En
este
marco,
el
regulador
debe
procurar
no
imponer
barre-
ras
de
entrada
o
requisitos
operativos
que
no
estén
jus-
tificados
por
los
riesgos
que
se
pretenden
evitar.
Fruto
de
esta
preocupación
destaca,
entre
otras
novedades,
la
reducción
de
los
requisitos
de
capital
inicial
que
se
exigen
a
las
agencias
y
sociedades
de
valores.
De
esta
forma,
el
Título
I
del
presente
Real
Decreto
establece
el
concepto
y
la
tipología
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión,
al
tiempo
que
regula
las
acti-
vidades
que
tienen
reservadas
y
el
procedimiento
de
autorización.
Los
requisitos
de
liquidez
y
el
régimen
jurídico
de
las
operaciones
que
pueden
desarrollar
son
objeto
de
regulación
en
el
Título
II.
El
Real
Decreto
incluye
también
normas
de
transpa-
rencia,
al
regular
en
su
Título
III
el
régimen
de
parti-
cipaciones
significativas
y
obligaciones
de
información
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión.
A
su
vez,
el
Título
IV
regula
la
actuación
fuera
de
España
en
régimen
de
libertad
de
establecimiento
y
libre
prestación
de
servicios
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión
nacionales
y
de
los
extranjeros
en
nuestro
territorio.
La
disposición
adicional
primera
incorpora
una
modi-
ficación
del
artículo
61
del
Real
Decreto
116/1992,
de
14
de
febrero,
sobre
representación
de
valores
por
medio
de
anotaciones
en
cuenta
y
compensación
y
liqui-
dación
de
operaciones
bursátiles
para
facilitar
la
ope-
rativa
de
las
empresas
de
servicios
de
inversión
en
el
Servicio
de
Compensación
y
Liquidación
de
Valores,
al
ampliar
la
gama
de
activos
aptos
para
ser
utilizados
como
garantía
por
parte
de
las
entidades
adheridas.
El
texto
incorpora
también
una
disposición
adicional
segunda
que
declara
su
carácter
básico,
una
transitoria
para
faci-
litar
la
adaptación
de
las
entidades,
una
disposición
dero-
gatoria
y
una
final.
En
su
virtud,
a
propuesta
del
Vicepresidente
Segundo
del
Gobierno
para
Asuntos
Económicos
y
Ministro
de
Economía,
previa
aprobación
del
Ministro
de
Adminis-
traciones
Públicas,
de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado
y
previa
deliberación
del
Consejo
de
Ministros
en
su
reunión
del
día
20
de
julio
de
2001,