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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161
Jueves 7 de julio de 2011
Sec. I.   Pág. 71548
I.
 
DISPOSICIONES GENERALES
JEFA
TURA DEL EST
ADO
11641
Real Decreto-ley 8/201
1, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.
I
El desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en España han
llevado al Gobierno, en los últimos meses, a adoptar diversas medidas para reforzar la
capacidad de respuesta de la economía española, intensificar las previsiones de apoyo a
quienes se encuentran en situaciones más difíciles en razón de la crisis y dar el máximo
impulso posible a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de
actividad económica y de generación de empleo.
En este contexto, el comportamiento de los mercados de deuda pública, y en especial
en los países de la zona del euro, hace necesario adoptar nuevas iniciativas que refuercen
la confianza internacional en la economía española y expresen con claridad el compromiso
de las instituciones españolas con las reformas acordadas en el seno de la Unión Europea
en materia de control de la evolución del gasto público y con el impulso de la actividad
económica en España. Ambos elementos son fundamentales para mantener la capacidad
de financiación de las administraciones y las empresas españolas en el mercado
internacional.
Por ello, el Gobierno considera necesario anticipar la adopción de alguna de las
medidas discutidas en el marco del Pacto por el Euro plus y aprobar con carácter urgente
otras actuaciones vinculadas en todos los casos al impulso de la actividad económica,
bien incrementando las posibilidades de acceso a la liquidez de las pequeñas y medianas
empresas o de nuevos proyectos empresariales, bien actuando específicamente sobre el
sector de la construcción con reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad
en el mercado inmobiliario y con medidas que impulsan el desarrollo de la rehabilitación
como nuevo ámbito de crecimiento sólido y sostenible, bien, finalmente, reduciendo
aquellos obstáculos administrativos a la actividad empresarial y de los ciudadanos que no
estén plenamente justificados.
Por otra parte, la situación específica del mercado inmobiliario en España plantea
situaciones de especial dificultad para quienes contrajeron préstamos hipotecarios en los
momentos de mayor valoración de los inmuebles y se encuentran ahora con la
imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago. Frente a esta situación el Gobierno
considera necesario adoptar medidas adicionales de protección para las familias con
menores ingresos, así como las reformas necesarias para garantizar que las ejecuciones
hipotecarias se realizan sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de los
bienes afectados; manteniendo plenamente, sin embargo, los elementos fundamentales
de garantía de los préstamos y, con ellos, de la seguridad y solvencia de nuestro sistema
hipotecario.
Se trata, en ambos casos, de actuaciones especialmente urgentes. Las medidas de
control del gasto y de impulso de la reactivación económica deben surtir efecto en un
contexto económico internacional especialmente difícil y turbulento, en el marco de las
actuaciones de rescate adoptadas por la Unión Europea y dirigidas a los Estados con
mayores dificultades en el mercado de deuda pública.
Por su parte, la situación de
determinados deudores hipotecarios requiere de acciones inmediatas para garantizar que
se protegen adecuadamente sus derechos y
, simultáneamente, evitar cualquier elemento
de incerteza en la regulación de la ejecución hipotecaria.
cve: BOE-A-201
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