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21782
Miércoles
21
junio
2000
BOE
núm.
148
ceda.
Asimismo,
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
podrá
recabar
de
dichas
autoridades
y
órganos
cuantos
datos
y
antecedentes
sean
precisos
a
los
mismos
efectos.
5.
La
prueba,
por
parte
de
los
empresarios,
de
no
estar
incursos
en
las
prohibiciones
para
contratar
con
la
Administración
señaladas
en
el
artículo
anterior,
en
relación
con
las
situaciones
indicadas
en
sus
distintas
letras,
podrá
realizarse
mediante
testimonio
judicial
o
certificación
administrativa
según
los
casos
y
cuando
dicho
documento
no
pueda
ser
expedido
por
la
autoridad
competente,
podrá
ser
sustituido
por
una
declaración
responsable
otorgada
ante
una
autoridad
administrativa,
notario
público
u
organismo
profesional
cualificado.
Cuando
se
trate
de
empresas
de
Estados
miembros
de
la
Unión
Europea
y
esta
posibilidad
esté
prevista
en
la
legislación
del
Estado
respectivo,
podrá
también
susti-
tuirse
por
declaración
responsable,
otorgada
ante
una
autoridad
judicial.
Artículo
22.
Efectos
de
la
falta
de
capacidad,
solvencia
y
de
las
prohibiciones
de
contratar.
Las
adjudicaciones
de
contratos
en
favor
de
personas
que
carezcan
de
la
capacidad
de
obrar
o
de
solvencia
y
de
las
que
se
hallen
comprendidas
en
alguno
de
los
supuestos
del
artículo
20
serán
nulas
de
pleno
derecho.
Sin
perjuicio
de
ello,
el
órgano
de
contratación
podrá
acordar
que
el
empresario
continúe
la
ejecución
del
con-
trato,
bajo
las
mismas
cláusulas,
por
el
tiempo
indis-
pensable
para
evitar
perjuicios
al
interés
público
corres-
pondiente.
Artículo
23.
Empresas
extranjeras
no
comunitarias.
1.
Las
personas
físicas
o
jurídicas
de
Estados
no
pertenecientes
a
la
Comunidad
Europea,
además
de
acre-
ditar
su
plena
capacidad
para
contratar
y
obligarse
con-
forme
a
la
legislación
de
su
Estado
y
su
solvencia
eco-
nómica
y
financiera,
técnica
o
profesional,
deberán
jus-
tificar
mediante
informe
de
la
respectiva
Misión
Diplo-
mática
Permanente
española,
que
se
acompañará
a
la
documentación
que
se
presente,
que
el
Estado
de
pro-
cedencia
de
la
empresa
extranjera
admite
a
su
vez
la
participación
de
empresas
españolas
en
la
contratación
con
la
Administración,
en
forma
sustancialmente
aná-
loga.
En
los
contratos
de
obras,
de
suministro,
de
consul-
toría
y
asistencia
y
de
servicios,
de
cuantía
igual
o
supe-
rior
a
la
señalada
en
los
artículos
135.1,
177.2,
y
203.2,
deberá
prescindirse
del
informe
sobre
reciprocidad
a
que
se
refiere
el
párrafo
anterior
en
relación
con
las
empresas
de
Estados
signatarios
del
Acuerdo
sobre
Contratación
Pública
de
la
Organización
Mundial
de
Comercio.
2.
Tratándose
de
contratos
de
obras
será
necesario,
además,
que
estas
empresas
tengan
abierta
sucursal
en
España,
con
designación
de
apoderados
o
representan-
tes
para
sus
operaciones
y
que
estén
inscritas
en
el
Registro
Mercantil.
Artículo
24.
Uniones
de
empresarios.
1.
La
Administración
podrá
contratar
con
uniones
de
empresarios
que
se
constituyan
temporalmente
al
efecto,
sin
que
sea
necesaria
la
formalización
de
las
mis-
mas
en
escritura
pública
hasta
que
se
haya
efectuado
la
adjudicación
a
su
favor.
Dichos
empresarios
quedarán
obligados
solidaria-
mente
ante
la
Administración
y
deberán
nombrar
un
representante
o
apoderado
único
de
la
unión
con
pode-
res
bastantes
para
ejercitar
los
derechos
y
cumplir
las
obligaciones
que
del
contrato
se
deriven
hasta
la
extin-
ción
del
mismo,
sin
perjuicio
de
la
existencia
de
poderes
mancomunados
que
puedan
otorgar
para
cobros
y
pagos
de
cuantía
significativa.
La
duración
de
las
uniones
temporales
de
empresa-
rios
será
coincidente
con
la
del
contrato
hasta
su
extin-
ción.
2.
Para
los
casos
en
que
sea
exigible
la
clasificación
y
concurran
en
la
unión
empresarios
nacionales,
extran-
jeros
no
comunitarios
o
extranjeros
comunitarios,
los
dos
primeros
deberán
acreditar
su
clasificación
y
los
últimos,
en
defecto
de
ésta,
su
solvencia
económica,
financiera
y
técnica
o
profesional.
CAPÍTULO
II
De
la
clasificación
y
registro
de
las
empresas
S
ECCIÓN
1.
a
D
ISPOSICIONES
GENERALES
Artículo
25.
Supuestos
de
clasificación.
1.
Para
contratar
con
las
Administraciones
públicas
la
ejecución
de
contratos
de
obras
o
de
contratos
de
servicios
a
los
que
se
refiere
el
artículo
196.3,
en
ambos
casos
por
presupuesto
igual
o
superior
a
20.000.000
de
pesetas
(120.202,42
euros),
será
requisito
indispen-
sable
que
el
empresario
haya
obtenido
previamente
la
correspondiente
clasificación.
Se
exceptúan
de
este
requisito
los
contratos
comprendidos
en
las
categorías
6
y
21
del
artículo
206
y,
de
los
comprendidos
en
la
categoría
26
del
mismo
artículo,
los
contratos
que
ten-
gan
por
objeto
la
creación
e
interpretación
artística
y
literaria
y
los
de
espectáculos.
Este
requisito
será
exigido
igualmente
al
cesionario
de
un
contrato
en
el
caso
en
que
hubiese
sido
exigido
al
cedente.
Por
Real
Decreto
podrá
exceptuarse
la
clasificación
para
determinados
grupos
y
subgrupos
de
los
contratos
de
obras
y
de
servicios
en
los
que
este
requisito
sea
exigible
o
acordar
la
exigencia
de
clasificación
en
grupos
y
subgrupos
de
los
contratos
de
obras,
consultoría
y
asistencia
y
servicios,
cuando,
según
las
disposiciones
vigentes,
tal
requisito
no
sea
exigible
habida
cuenta
las
circunstancias
especiales
concurrentes
en
los
citados
grupos
y
subgrupos.
El
límite
establecido
en
el
párrafo
primero
de
este
apartado
podrá
ser
elevado
o
disminuido
para
cada
tipo
de
contrato
por
el
Ministro
de
Hacienda
previa
audiencia
de
las
Comunidades
Autónomas
con
arreglo
a
las
exi-
gencias
de
la
coyuntura
económica.
2.
No
obstante
lo
establecido
en
el
párrafo
primero
del
apartado
1
de
este
artículo,
para
los
empresarios
no
españoles
de
Estados
miembros
de
la
Comunidad
Europea,
será
suficiente
que
acrediten,
en
su
caso,
ante
el
órgano
de
contratación
correspondiente
su
solvencia
económica
y
financiera,
técnica
o
profesional,
conforme
a
los
artícu-
los
16,
17
y
19,
así
como
su
inscripción
en
el
Registro
al
que
se
refiere
el
artículo
20,
párrafo
i),
todo
ello
sin
perjuicio
de
lo
establecido
en
el
artículo
79.
3.
Excepcionalmente,
cuando
así
sea
conveniente
para
los
interesados
públicos,
la
contratación
con
per-
sonas
que
no
estén
clasificadas
podrá
ser
autorizada
por
el
Consejo
de
Ministros,
previo
informe
de
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa,
en
el
ámbito
de
la
Administración
General
del
Estado.
En
el
ámbito
de
las
Administraciones
de
las
Comunidades
Autónomas
dicha
autorización
será
otorgada
por
los
órganos
com-
petentes.
4.
A
efectos
de
la
clasificación
se
determinarán
reglamentariamente,
en
relación
con
el
objeto
de
los
contratos,
los
grupos
generales
y
subgrupos
en
que
podrán
subdividirse
aquéllos
conforme
a
su
peculiar
naturaleza.