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BOE
núm.
148
Miércoles
21
junio
2000
21781
ción
privilegiada,
delitos
contra
la
Hacienda
Pública
y
la
Seguridad
Social,
delitos
contra
los
derechos
de
los
trabajadores
o
por
delitos
relativos
al
mercad
o
y
a
l
o
s
consumidores.
La
prohibición
de
contratar
alcanza
a
las
personas
jurídicas
cuyos
administradores
o
representan-
tes,
vigente
su
cargo
o
representación,
se
encuentren
en
la
situación
mencionada
por
actuaciones
realizadas
en
nombre
o
a
beneficio
de
dichas
personas
jurídicas
o
en
las
que
concurran
las
condiciones,
cualidades
o
relaciones
que
requiera
la
correspondiente
figura
de
deli-
to
para
ser
sujeto
activo
del
mismo.
b)
Haber
sido
declaradas
en
quiebra,
en
concurso
de
acreedores,
insolvente
fallido
en
cualquier
procedi-
miento
o
sujeto
a
intervención
judicial;
haber
iniciado
expediente
de
quita
y
espera
o
de
suspensión
de
pagos
o
presentado
solicitud
judicial
de
quiebra
o
de
concurso
de
acreedores,
mientras,
en
su
caso,
no
fueren
reha-
bilitadas.
c)
Haber
dado
lugar,
por
causa
de
la
que
hubiesen
sido
declarados
culpables,
a
la
resolución
firme
de
cual-
quier
contrato
celebrado
con
la
Administración.
d)
Haber
sido
sancionadas
con
carácter
firme
por
infracción
grave
en
materia
de
disciplina
de
mercado,
en
materia
profesional
o
en
materia
de
integración
labo-
ral
de
minusválidos
o
muy
grave
en
materia
social,
de
acuerdo
con
lo
dispuesto
en
la
Ley
8/1988,
de
7
de
abril,
sobre
infracciones
y
sanciones
en
el
orden
social
o
en
materia
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo,
de
con-
formidad
con
lo
dispuesto
en
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
sobre
prevención
de
riesgos
laborales.
e)
Estar
incursa
la
persona
física
o
los
administra-
dores
de
la
persona
jurídica
en
alguno
de
los
supuestos
de
la
Ley
12/1995,
de
11
de
mayo,
de
incompatibi-
lidades
de
los
miembros
del
Gobierno
de
la
Nación
y
de
los
altos
cargos
de
la
Administración
General
del
Esta-
do,
de
la
Ley
53/1984,
de
26
de
diciembre,
de
incom-
patibilidades
del
personal
al
servicio
de
las
Administra-
ciones
públicas
o
tratarse
de
cualquiera
de
los
cargos
electivos
regulados
en
la
Ley
Orgánica
5/1985,
de
19
de
junio,
del
Régimen
Electoral
General,
en
los
términos
establecidos
en
la
misma.
La
prohibición
alcanza
igualmente
a
los
cónyuges,
personas
vinculadas
con
análoga
relación
de
convivencia
afectiva
y
descendientes
de
las
personas
a
que
se
refiere
el
párrafo
anterior,
siempre
que,
respecto
de
los
últimos,
dichas
personas
ostenten
su
representación
legal.
Las
disposiciones
a
las
que
se
refiere
este
apartado
serán
aplicables
a
las
Comunidades
Autónoma
s
y
a
l
a
s
Entidades
locales
en
los
términos
que
respectivamente
les
sean
aplicables.
f)
No
hallarse
al
corriente
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias
o
de
Seguridad
Social
impues-
tas
por
las
disposiciones
vigentes,
en
los
términos
que
reglamentariamente
se
determine.
g)
Haber
incurrido
en
falsedad
grave
al
facilitar
a
la
Administración
las
declaraciones
exigibles
en
cum-
plimiento
de
las
disposiciones
de
esta
Ley
o
de
sus
nor-
mas
de
desarrollo.
h)
Haber
incumplido
las
obligaciones
impuestas
al
empresario
por
los
acuerdos
de
suspensión
de
las
cla-
sificaciones
concedidas
o
de
la
declaración
de
inhabi-
litación
para
contratar
con
cualquiera
de
las
Adminis-
traciones
públicas.
i)
Si
se
trata
de
empresarios
no
españoles
de
Esta-
dos
miembros
de
la
Comunidad
Europea,
no
hallarse
inscritos,
en
su
caso,
en
un
Registro
profesional
o
comer-
cial
en
las
condiciones
previstas
por
la
legislación
del
Estado
donde
están
establecidos.
j)
Haber
sido
sancionado
como
consecuencia
del
correspondiente
expediente
administrativo
en
los
térmi-
nos
previstos
en
el
artículo
82
de
la
Ley
General
Pre-
supuestaria
y
en
el
artículo
80
de
la
Ley
General
Tri-
butaria.
k)
No
hallarse
debidamente
clasificadas,
en
su
caso,
conforme
a
lo
dispuesto
en
esta
Ley
o
no
acreditar
la
suficiente
solvencia
económica,
financiera
y
técnica
o
profesional.
Artículo
21.
Procedimiento
para
su
declaración
y
efec-
tos.
1.
Las
prohibiciones
de
contratar
contenidas
en
los
párrafos
b),
e),
f),
i),
j)
y
k)
del
artículo
anterior
se
apre-
ciarán
de
forma
automática
por
los
órganos
de
contra-
tación
y
subsistirán
mientras
concurran
las
circunstan-
cias
que
en
cada
caso
las
determinan.
La
prohibición
de
contratar
por
las
causas
previstas
en
el
párrafo
a)
del
artículo
anterior
se
apreciará
de
forma
automática
por
los
órganos
de
contratación.
No
obstante,
el
alcance
de
la
prohibición
se
determinará
en
el
pro-
cedimiento
que,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
los
apartado
s
2
y
3
d
e
este
artículo,
deberá
necesa-
riamente
instruirse.
En
los
restantes
supuestos,
la
prohibición
de
contratar
requerirá
su
previa
declaración
mediante
procedimiento
cuya
resolución
fijará
expresamente
la
Administración
a
la
que
afecte
y
su
duración.
La
declaración
de
la
prohibición
para
contratar
en
los
supuestos
a
que
se
refieren
los
párrafos
a),
d),
g),
h)
y
j)
del
artículo
anterior
o
la
apreciación
de
la
misma
en
las
causas
de
los
párrafos
b),
e)
y
f)
producirá
la
suspensión
de
las
clasificaciones
que
hayan
sido
con-
cedidas
a
las
empresas
durante
el
plazo
de
duración
de
la
prohibición
o
mientras
subsista
la
causa
determi-
nante
de
su
apreciación,
sin
que,
en
consecuencia,
pro-
ceda
la
tramitación
del
expediente
a
que
hace
referencia
el
artículo
33.1.
2.
El
alcance
de
la
prohibición
se
apreciará
en
la
forma
que
reglamentariamente
se
determine
atendiendo,
en
su
caso,
a
la
existencia
de
dolo
o
manifiesta
mala
fe
en
el
empresari
o
y
a
l
a
entidad
del
daño
causado
a
los
intereses
públicos
y
no
excederá
de
cinco
años,
con
carácter
general,
o
de
ocho
para
prohibiciones
que
tengan
por
causa
la
existencia
de
condena
mediante
sentencia
firme.
En
todo
caso,
se
estará
a
los
pronun-
ciamientos
que
sobre
dichos
extremos,
en
particular
sobre
la
duración
de
la
prohibición
de
contratar,
con-
tenga
la
sentencia
o
resolución
firme
y
en
tal
supuesto,
las
prohibiciones
de
contratar
se
aplicarán
de
forma
auto-
mática
por
los
órganos
de
contratación.
3.
La
competencia
para
declarar
la
prohibición
de
contratar
en
los
supuestos
contemplados
en
los
párra-
fos
a),
en
el
caso
de
condena
por
sentencia
firme,
y
d)
del
artículo
anterior
corresponderá
al
Ministro
de
Hacienda,
que
dictará
resolución
a
propuesta
de
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
y
revestirá
carácter
general
para
todas
las
Administraciones
públi-
cas.
En
los
supuestos
previstos
en
los
párrafos
c)
y
g)
del
artículo
anterior
la
competencia
corresponderá
a
la
Administración
contratante
y
en
el
del
párrafo
h)
del
propio
artículo,
a
la
misma
Administración
que
hubiese
acordado
la
suspensión
de
la
clasificación
o
declarado
la
prohibición
infringida,
con
eficacia
limitada
a
su
propio
ámbito,
y
sin
perjuicio,
en
el
caso
de
ser
éste
autonómico
o
local,
de
su
posterior
comunicación
a
la
Administración
General
del
Estado
para
que,
a
la
vista
del
daño
causado
a
los
intereses
públicos,
declare
la
prohibición
con
carác-
ter
general.
4.
A
los
efectos
de
la
aplicación
de
este
artículo,
las
autoridades
y
órganos
competentes
notificarán,
a
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
y
a
los
órganos
competentes
de
las
Comunidades
Autónomas,
todas
las
sanciones
y
resoluciones
firmes
recaídas
en
los
procedimientos
correspondientes,
a
fin
de
que
se
puedan
instruir
los
expedientes
previstos
en
este
artículo
y
en
el
artículo
33.1
o
adoptarse
la
resolución
que
pro-