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21778
Miércoles
21
junio
2000
BOE
núm.
148
Artículo
9.
Régimen
jurídico
de
los
contratos
privados.
1.
Los
contratos
privados
de
las
Administraciones
públicas
se
regirán
en
cuanto
a
su
preparación
y
adju-
dicación,
en
defecto
de
normas
administrativas
espe-
cíficas,
por
la
presente
Ley
y
sus
disposiciones
de
desarrollo
y
en
cuanto
a
sus
efectos
y
extinción,
por
las
normas
de
derecho
privado.
A
los
contratos
de
com-
praventa,
donación,
permuta,
arrendamiento
y
demás
negocios
jurídicos
análogos
sobre
bienes
inmuebles,
pro-
piedades
incorporales
y
valores
negociables
se
les
apli-
carán,
en
primer
lugar,
en
cuanto
a
su
preparación
y
adjudicación,
las
normas
de
la
legislación
patrimonial
de
las
correspondientes
Administraciones
públicas.
2.
Los
contratos
comprendidos
en
la
categoría
6
del
artículo
206
referente
a
contratos
de
seguros
y
ban-
carios
y
de
inversiones
y,
de
los
comprendidos
en
la
categoría
26
del
mismo
artículo,
los
contratos
que
ten-
gan
por
objeto
la
creación
e
interpretación
artística
y
literaria
y
los
de
espectáculos,
se
adjudicarán
conforme
a
las
normas
contenidas
en
los
capítulos
II
y
III
del
Títu-
lo
IV,
Libro
II,
de
esta
Ley.
3.
El
orden
jurisdiccional
civil
será
el
competente
para
resolver
las
controversias
que
surjan
entre
las
partes
en
los
contratos
privados.
No
obstante,
se
considerarán
actos
jurídicos
separables
los
que
se
dicten
en
relación
con
la
preparación
y
adjudicación
del
contrato
y,
en
con-
secuencia,
podrán
ser
impugnados
ante
el
orden
juris-
diccional
contencioso-administrativo
de
acuerdo
con
la
normativa
reguladora
de
dicha
jurisdicción.
CAPÍTULO
II
De
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
Artículo
10.
Junta
Consultiva
de
Contratación
Admi-
nistrativa.
1.
La
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administra-
tiva
es
el
órgano
consultivo
específico
de
la
Adminis-
tración
General
del
Estado,
de
sus
organismos
autóno-
mos
y
demás
entidades
públicas
estatales,
en
materia
de
contratación
administrativa.
Estará
adscrita
al
Minis-
terio
de
Hacienda.
Su
composición
y
régimen
se
esta-
blecerán
reglamentariamente.
2.
La
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administra-
tiva
promoverá,
en
su
caso,
las
normas
o
medidas
de
carácter
general
que
considere
procedentes
para
la
mejo-
ra
del
sistema
de
contratación
en
sus
aspectos
admi-
nistrativos,
técnicos
y
económicos.
3.
Las
Comunidades
Autónomas
podrán
crear,
asi-
mismo,
Juntas
Consultivas
de
Contratación
Administra-
tiva,
con
competencias
en
sus
respectivos
ámbitos
terri-
toriales.
CAPÍTULO
III
Disposiciones
comunes
a
los
contratos
de
las
Administraciones
públicas
Artículo
11.
Requisitos
de
los
contratos.
1.
Los
contratos
de
las
Administraciones
públicas
se
ajustarán
a
los
principios
de
publicidad
y
concurrencia,
salvo
las
excepciones
establecidas
por
la
presente
Ley
y,
en
todo
caso,
a
los
de
igualdad
y
no
discriminación.
2.
Son
requisitos
para
la
celebración
de
los
con-
tratos
de
las
Administraciones
públicas,
salvo
que
expre-
samente
se
disponga
otra
cosa
en
la
presente
Ley,
los
siguientes:
a)
La
competencia
del
órgano
de
contratación.
b)
La
capacidad
del
contratista
adjudicatario.
c)
La
determinación
del
objeto
del
contrato.
d)
La
fijación
del
precio.
e)
La
existencia
de
crédito
adecuado
y
suficiente,
si
del
contrato
se
derivan
obligaciones
de
contenido
eco-
nómico
para
la
Administración.
f)
La
tramitación
de
expediente,
al
que
se
incorpo-
rarán
los
pliegos
en
los
que
la
Administración
establezca
las
cláusulas
que
han
de
regir
el
contrato
a
celebrar
y
el
importe
del
presupuesto
del
gasto.
g)
La
fiscalización
previa
de
los
actos
administra-
tivos
de
contenido
económico,
relativos
a
los
contratos,
en
los
términos
previstos
en
la
Ley
General
Presupues-
taria
o
en
las
correspondientes
normas
presupuestarias
de
las
distintas
Administraciones
Públicas
sujetas
a
esta
Ley.
h)
La
aprobación
del
gasto
por
el
órgano
compe-
tente
para
ello.
i)
La
formalización
del
contrato.
Artículo
12.
Órganos
de
contratación.
1.
Los
Ministros
y
los
Secretarios
de
Estado
son
los
órganos
de
contratación
de
la
Administración
General
del
Estado
y
están
facultados
para
celebrar
en
su
nombre
los
contratos,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
Los
representantes
legales
de
los
organismos
autó-
nomos
y
demás
entidades
públicas
estatales
y
los
Direc-
tores
generales
de
las
distintas
entidades
gestoras
y
servicios
comunes
de
la
Seguridad
Social,
son
los
órga-
nos
de
contratación
de
unos
y
otros,
pudiendo
fijar
los
titulares
de
los
departamentos
ministeriales
a
que
se
hallen
adscritos,
la
cuantía,
a
partir
de
la
cual,
será
nece-
saria
su
autorización
para
la
celebración
de
los
contratos.
En los departamentos
ministeriales
en
los
que
coexis-
tan
varios
órganos
de
contratación,
la
competencia
para
celebrar
los
contratos
de
suministro
y
de
consultoría
y
asistencia
y
de
servicios
que
afectan
al
ámbito
de
más
de
un
órgano
de
contratación,
corresponderá
al
Ministro,
salvo
en
los
casos
en
que
la
competencia
se
atribuya
a
la
Junta
de
Contratación
y
sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
los
artículos
182,
párrafo
g),
y
210,
párrafo
f),
de
esta
Ley
para
la
contratación
de
bienes
y
servicios
decla-
rados
de
uniformidad
obligatoria
para
su
utilización
espe-
cífica
por
los
servicios
de
un
determinado
departamento
ministerial.
2.
No
obstante,
el
órgano
de
contratación
necesitará
la
autorización
del
Consejo
de
Ministros,
en
los
siguientes
supuestos:
a)
Cuando
el
presupuesto
sea
igual
o
superior
a
2.000.000.000
de
pesetas
(12.020.242,09
euros).
b)
En
los
contratos
de
carácter
plurianual
cuando
se
modifiquen
los
porcentajes
o
el
número
de
anuali-
dades
legalmente
previstos
a
los
que
se
refiere
el
artícu-
lo
61
de
la
Ley
General
Presupuestaria.
c)
Cuando
el
pago
de
los
contratos
se
concierte
mediante
el
sistema
de
arrendamiento
financiero
o
mediante
el
sistema
de
arrendamiento
con
opción
de
compra
y
el
número
de
anualidades
supere
el
previsto
en
el
artículo
14.4.
En
los
contratos
que,
de
acuerdo
con
lo
previsto
en
el
párrafo
anterior,
requieran
la
autorización
del
Consejo
de
Ministros,
ésta
se
producirá
con
carácter
previo
a
la
aprobación
del
expediente
de
contratación
que,
al
igual
que
la
aprobación
del
gasto,
corresponderá
al
órgano
de
contratación.
El
Consejo
de
Ministros
podrá
reclamar
discrecional-
mente
el
conocimiento
y
autorización
de
cualquier
otro
contrato.
Igualmente,
el
órgano
de
contratación,
a
través
del
Ministro
correspondiente,
podrá
elevar
un
contrato
no
comprendido
en
las
letras
precedentes
a
la
consi-
deración
del
Consejo
de
Ministros.