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21776
Miércoles
21
junio
2000
BOE
núm.
148
Disposición
final
única.
El
presente
Real
Decreto
Legislativo
y
el
texto
refun-
dido
que
aprueba
entrarán
en
vigor
el
día
siguiente
al
de
su
publicación
en
el
«Boletín
Oficial
del
Estado».
Dado
en
Madrid
a
16
de
junio
de
2000.
JUAN
CARLOS
R.
El
Ministro
de
Hacienda,
CRISTÓBAL
MONTORO
ROMERO
ANEXO
Texto
refundido
de
la
Ley
de
Contratos
de
las
Administraciones
Públicas
LIBRO
I
De
los
contratos
de
las
Administraciones
Públicas
en
general
TÍTULO
I
Disposiciones
generales
CAPÍTULO
I
Del
ámbito
de
aplicación
de
la
Ley
Artículo
1.
Ámbito
de
aplicación
subjetiva.
1.
Los
contratos
que
celebren
las
Administraciones
públicas
se
ajustarán
a
las
prescripciones
de
la
presente
Ley.
2.
Se
entiende
por
Administraciones
Públicas
a
los
efectos
de
esta
Ley:
a)
La
Administración
General
del
Estado.
b)
Las
Administraciones
de
las
Comunidades
Autó-
nomas.
c)
Las
entidades
que
integran
la
Administración
Local.
3.
Deberán
asimismo
ajustar
su
actividad
contrac-
tual
a
la
presente
Ley
los
organismos
autónomos
en
todo
caso
y
las
restantes
entidades
de
derecho
público
con
personalidad
jurídica
propia,
vinculadas
o
depen-
dientes
de
cualquiera
de
las
Administraciones
públicas,
siempre
que
en
aquéllas
se
den
los
siguientes
requisitos:
a)
Que
hayan
sido
creadas
para
satisfacer
especí-
ficamente
necesidades
de
interés
general
que
no
tengan
carácter
industrial
o
mercantil.
b)
Que
se
trate
de
entidades
cuya
actividad
esté
mayoritariamente
financiada
por
las
Administraciones
públicas
u
otras
entidades
de
derecho
público,
o
bien,
cuya
gestión
se
halle
sometida
a
un
control
por
parte
de
estas
últimas,
o
cuyos
órganos
de
administración,
de
dirección
o
de
vigilancia
estén
compuestos
por
miem-
bros
más
de
la
mitad
de
los
cuales
sean
nombrados
por
las
Administraciones
públicas
y
otras
entidades
de
derecho
público.
4.
Lo
dispuesto
en
los
apartados
anteriores
se
entiende
sin
perjuicio
de
lo
establecido
en
la
disposición
final
primera.
Artículo
2.
Adjudicación
de
determinados
contratos
de
derecho
privado.
1.
Las
entidades
de
derecho
público
no
compren-
didas
en
el
ámbito
definido
en
el
artículo
anterior
que-
darán
sujetas
a
las
prescripciones
de
esta
Ley
relativas
a
la
capacidad
de
las
empresas,
publicidad,
procedimien-
tos
de
licitación
y
formas
de
adjudicación,
respecto
de
los
contratos
en
los
que
concurran
los
siguientes
requi-
sitos:
a)
Que
se
trate
de
contratos
de
obras
y
de
contratos
de
consultoría
y
asistencia
y
de
servicios
relacionados
con
los
primeros,
siempre
que
su
importe,
con
exclusión
del
Impuesto
sobre
el
Valor
Añadido,
sea
igual
o
superior
a
891.521.645
pesetas
(5.358.153
euros
equivalentes
a
5.000.000
de
derechos
especiales
de
giro),
si
se
trata
de
contratos
de
obras,
o
a
35.660.846
pesetas
(214.326
euros
equivalentes
a
200.000
derechos
especiales
de
giro),
si
se
trata
de
cualquier
otro
contrato
de
los
men-
cionados.
b)
Que
la
principal
fuente
de
financiación
de
los
con-
tratos
proceda
de
transferencias
o
aportaciones
de
capi-
tal
provenientes
directa
o
indirectamente
de
las
Admi-
nistraciones
Públicas.
2.
Quedan
sujetos
a
las
prescripciones
a
que
se
refiere
el
apartado
anterior
los
contratos
de
obras
de
la
clase
50,
grupo
502,
de
la
Nomenclatura
General
de
Actividades
Económicas
de
las
Comunidades
Euro-
peas
(NACE),
los
de
construcción
relativos
a
hospitales,
equipamientos
deportivos,
recreativos
o
de
ocio,
edificios
escolares
o
universitarios
y
a
edificios
de
uso
adminis-
trativo,
y
los
contratos
de
consultoría
y
asistencia
y
de
servicios
que
estén
relacionados
con
los
contratos
de
obras
mencionados,
cuando
sean
subvencionados
direc-
tamente
por
la
Administración
con
más
del
50
por
100
de
su
importe,
siempre
que
éste,
con
exclusión
del
Impuesto
sobre
el
Valor
Añadido,
sea
igual
o
superior
a
831.930.000
pesetas
(5.000.000
de
euros),
si
se
trata
de
contratos
de
obras,
o
a
33.277.200
pesetas
(200.000
euros),
si
se
trata
de
cualquier
otro
contrato
de
los
mencionados.
Artículo
3.
Negocios
y
contratos
excluidos.
1.
Quedan
fuera
del
ámbito
de
la
presente
Ley:
a)
La
relación
de
servicio
de
los
funcionarios
públi-
cos
y
los
contratos
regulados
en
la
legislación
laboral.
b)
Las
relaciones
jurídicas
derivadas
de
la
prestación
por
parte
de
la
Administración
de
un
servicio
público
que
los
administrados
tienen
la
facultad
de
utilizar
mediante
el
abono
de
una
tarifa,
tasa
o
precio
público
de
aplicación
general
a
los
usuarios.
c)
Los
convenios
de
colaboración
que
celebre
la
Administración
General
del
Estado
con
la
Seguridad
Social,
las
Comunidades
Autónomas,
las
Entidades
loca-
les,
sus
respectivos
organismos
autónomos
y
las
res-
tantes
entidades
públicas
o
cualquiera
de
ellos
entre
sí.
d)
Los
convenios
de
colaboración
que,
con
arreglo
a
las
normas
específicas
que
los
regulan,
celebre
la
Admi-
nistración
con
personas
físicas
o
jurídicas
sujetas
al
dere-
cho
privado,
siempre
que
su
objeto
no
esté
comprendido
en
los
contratos
regulados
en
esta
Ley
o
en
normas
administrativas
especiales.
Quedarán
asimismo
exclui-
dos
de
la
presente
Ley
los
convenios
que
sean
conse-
cuencia
del
artículo
296
del
Tratado
Constitutivo
de
la
Comunidad
Europea.
e)
Los
acuerdos
que
celebre
el
Estado
con
otros
Estados
o
con
entidades
de
derecho
internacional
públi-
co.
f)
Los
contratos
de
suministro
relativos
a
actividades
directas
de
los
organismos
autónomos
de
las
Adminis-
traciones
públicas
de
carácter
comercial,
industrial,
finan-
ciero
o
análogo,
si
los
bienes
sobre
los
que
versan
han
sido
adquiridos
con
el
propósito
de
devolverlos,
con
o
sin
transformación,
al
tráfico
jurídico
patrimonial,
de
acuerdo
con
sus
fines
peculiares,
y
siempre
que
tales