1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 49
21784
Miércoles
21
junio
2000
BOE
núm.
148
2.
Será
causa
de
suspensión
por
tiempo
no
superior
a
un
año
la
infracción
grave
de
las
condiciones
esta-
blecidas
en
el
contrato
que
no
den
lugar
a
resolución.
3.
Serán
causas
de
suspensión
por
tiempo
no
supe-
rior
a
cinco
años
las
siguientes:
a)
Falsedad
grave
en
las
informaciones
o
declara-
ciones
a
los
órganos
competentes
de
la
Administración,
por
la
naturaleza
del
contrato
,
o
a
l
a
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa.
b)
El
incurrir
en
los
supuestos
previstos
en
los
párra-
fos
a),
c),
d)
y
j)
del
artículo
20.
c)
Haberse
exigido
al
contratista
consultor
el
pago
de
las
indemnizaciones
previstas
en
los
artículos
218
y
219
o
en
las
respectivas
normas
de
otras
Adminis-
traciones
públicas.
4.
Producirán
la
suspensión
indefinida,
en
tanto
sub-
sistan,
las
causas
siguientes:
a)
La
disminución
notoria
y
continuada
de
las
garan-
tías
financieras,
económicas
o
técnicas
del
empresario
que
hagan
peligrosa
para
los
intereses
públicos
su
cola-
boración
con
la
Administración,
sin
perjuicio
de
que
haya
tenido
lugar
la
revisión
de
clasificaciones
acordadas
con
anterioridad.
b)
El
incurrir
en
alguno
de
los
supuestos
previstos
en
el
párrafo
b)
del
artículo
20.
c)
Estar
el
empresario
incurso
en
alguna
de
las
cir-
cunstancias
señaladas
en
los
párrafos
e)
y
f)
del
artículo
20.
5.
En
la
suspensión
de
la
clasificación
de
empresarios
que
sean
personas
jurídicas,
por
las
causas
de
origen
procesal
penal
previstas
en
esta
Ley,
se
tendrá
en
cuenta
lo
dispuesto
en
el
segundo
párrafo
del
artículo
20,
párrafo
a).
6.
La
suspensión
de
la
clasificación
implicará
la
pér-
dida
de
todos
los
derechos
derivados
de
la
misma
en
tanto
aquélla
subsista.
7.
Cuando
la
clasificación
haya
sido
acordada
por
un
órgano
de
las
Comunidades
Autónomas,
al
amparo
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
28.3,
la
suspensión
de
las
clasificaciones
por
las
causas
y
con
los
efectos
pre-
vistos
en
este
artículo
corresponderá
igualmente
a
los
órganos
de
dicha
Comunidad
Autónoma.
8.
Para
la
efectividad
de
los
acuerdos
de
suspensión
de
las
clasificaciones
de
empresas,
la
Administración
del
Estado
y
las
de
las
Comunidades
Autónomas
se
darán
mutuo
conocimiento
de
los
acuerdos
adoptados
y
pro-
cederán
a
su
publicación
en
el
«Boletín
Oficial
del
Estado»
o
en
los
respectivos
diarios
oficiales
en
la
forma
que
reglamentariamente
se
determine.
S
ECCIÓN
3.
a
D
EL
R
EGISTRO
O
FICIAL
DE
E
MPRESAS
C
LASIFICADAS
Artículo
34.
Registro
Oficial
de
Empresas
Clasificadas.
1.
El
Registro
Oficial
de
Empresas
Clasificadas
dependerá
del
Ministerio
de
Hacienda.
El
acceso
al
Regis-
tro
será
público.
Dicho
Registro
se
llevará
por
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa
y
en
el
mismo
serán
ins-
critos
todos
los
empresarios
que
hayan
sido
clasificados
por
la
misma
a
los
fines
establecidos
en
esta
Ley.
En
la
inscripción
se
expresará
el
contenido
de
la
cla-
sificación
respectiva,
así
como
cuantas
incidencias
se
produzcan
durante
su
vigencia.
2.
Las
Comunidades
Autónomas
podrán
crear,
asi-
mismo,
sus
propios
Registros
Oficiales
de
Empresas
Clasificadas.
3.
A
los
efectos
de
lo
previsto
en
el
apartado
3
del
artículo
28,
las
Comunidades
Autónomas,
que
pre-
tendan
dar
efecto
general
a
sus
acuerdos
de
clasificación
y
revisión
de
las
clasificaciones,
remitirán
los
respectivos
expedientes
a
la
Comisión
de
Clasificación
que
corres-
ponda
de
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Adminis-
trativa
que,
por
el
procedimiento
y
dentro
del
plazo
que
reglamentariamente
se
establezcan,
dictará
acuerdo
sobre
la
inscripción
o
denegación
de
la
misma
que
será
notificado
a
la
empres
a
y
a
l
a
C
o
munidad
Autónoma.
El
desarrollo
reglamentario
a
que
se
refiere
el
párrafo
anterior
establecerá,
con
carácter
previo
a
la
adopción
del
acuerdo
denegatorio
por
la
Comisión
de
Clasificación
de
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa,
un
trámite
específico
para
que
la
Comunidad
Autónoma
pueda
formular
observaciones
y
aportar
justificaciones
sobre
el
acuerdo
de
clasificación
por
ella
adoptado
y
que
se
pretende
surta
efectos
ante
órganos
de
contra-
tación
de
la
Administración
General
del
Estado
o
de
Comunidades
Autónomas
distintas.
En
ningún
caso
el
acuerdo
denegatorio
de
la
citada
Comisión
de
Clasificación
de
la
Junta
Consultiva
de
Con-
tratación
Administrativa
podrá
basarse
en
motivos
dis-
tintos
al
de
no
haber
aplicado
la
Comunidad
Autónoma
las
reglas
y
criterios
a
que
se
refiere
el
apartado
3
del
artículo
28.
4.
El
Registro
Oficial
de
Empresas
Clasificadas
dependiente
del
Ministerio
de
Hacienda
y
los
Registros
Oficiales
de
Empresas
Clasificadas
de
las
Comunidades
Autónomas,
en
el
desarrollo
de
su
actividad
y
en
sus
relaciones
recíprocas,
facilitarán
a
las
otras
Administra-
ciones
la
información
que
éstas
precisen
sobre
el
con-
tenido
de
los
respectivos
Registros.
CAPÍTULO
III
De
las
garantías
exigidas
para
los
contratos
con
la
Administración
S
ECCIÓN
1.
a
D
E
LA
PRESTACIÓN
DE
LAS
GARANTÍAS
SEGÚN
LAS
DISTINTAS
CLASES
DE
CONTRATOS
Artículo
35.
Garantías
provisionales.
1.
En
los
contratos
comprendidos
en
esta
Ley
será
requisito
necesario
para
acudir
a
los
procedimientos
abiertos
o
restringidos
de
cuantía
igual
o
superior
a
la
fijada
en
los
artículos
135.1,
177.2,
y
203.2,
según
el
tipo
de
contrato
de
que
se
trate,
el
acreditar
la
cons-
titución
previa,
a
disposición
del
correspondiente
órgano
de
contratación,
de
una
garantía
provisional
equivalente
al
2
por
100
del
presupuesto
del
contrato,
entendién-
dose
por
tal
el
establecido
por
la
Administración
como
base
de
la
licitación,
salvo
en
los
supuestos
en
que
no
se
haya
hecho
previa
fijación
del
presupuesto,
en
los
que
se
determinará
estimativamente
por
el
órgano
de
contratación.
Dicha
garantía
habrá
de
ser
constituida:
a)
En
metálico
o
en
valores
públicos
o
privados,
con
sujeción,
en
cada
caso,
a
las
condiciones
reglamenta-
riamente
establecidas.
El
metálico,
los
valores
o
los
cer-
tificados
correspondientes,
se
depositarán
en
la
Caja
General
de
Depósitos
o
en
sus
sucursales
o
en
las
Cajas
o
establecimientos
públicos
equivalentes
de
las
Comu-
nidades
Autónomas
o
Entidades
locales
en
la
forma
y
con
las
condiciones
que
reglamentariamente
se
esta-
blezcan.
b)
Mediante
aval
prestado,
en
la
forma
y
condicio-
nes
reglamentarias,
por
alguno
de
los
bancos,
cajas
de
ahorros,
cooperativas
de
crédito,
establecimientos
finan-
cieros
de
crédito
y
sociedades
de
garantía
recíproca
auto-
rizados
para
operar
en
España
y
presentado
ante
el
correspondiente
órgano
de
contratación.
c)
Por
contrato
de
seguro
de
caución
celebrado
en
la
forma
y
condiciones
que
reglamentariamente
se
esta-
blezcan,
con
entidad
aseguradora
autorizada
para
operar