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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289
Martes 3 de diciembre de 2013
Sec. I.   Pág. 95635
I.
 
DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
12632
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el T
exto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el
modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en
conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus
derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así
como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la
posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.
El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas
las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos
o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se
encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los
innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o
uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en
cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su
participación en ellos.
Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las
personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos
obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser
inexcusablemente abordada por los poderes públicos.
El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo
los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al
legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las
líneas generales de acción más adecuadas. Como ya se ha demostrado con anterioridad,
es necesario que el marco normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad
intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que
con sus estructuras y actuaciones segregadoras postergan o apartan a las personas con
discapacidad de la vida social ordinaria, todo ello con el objetivo último de que éstas
puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales
condiciones que el resto de los ciudadanos.
En este sentido, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas
con discapacidad, fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y
los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9,
10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, participaba ya de la idea de que el amparo especial y
las medidas de equiparación para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad debía basarse en apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios
especializados que les permitieran llevar una vida normal en su entorno.
 Estableció un
sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de
accesibilidad y subsidios económicos, y una serie de principios que posteriormente se
incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo.
Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, supuso un
renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad,
centrándose especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la
discriminación y la accesibilidad universal.
cve: BOE-A-2013-12632