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BOE
núm.
145
Miércoles
18
junio
2003
23341
Si
hubiere
asistido
a
la
rotación
un
único
funcionario
cada
día,
sólo
tendrá
derecho
a
la
libranza
el
que
hubiere
trabajo
el
domingo.
Si
finalizase
el
viernes
el
servicio
de
guardia,
el
día
de
descanso
se
tras-
ladará
del
sábado
al
lunes
siguiente.
d)
Los
funcionarios
que
asistan
a
la
guardia
en
situación
de
permanencia
semanal
o
de
disponi-
bilidad
y
hubieran
rebasado
el
horario
de
trabajo
en
cómputo
semanal,
el
exceso
de
horas
trabajadas
se
compensará
a
lo
largo
del
mes
o
en
su
caso
al
mes
siguiente,
dentro
del
horario
flexible.
En
todo
caso,
en
las
guardias
de
presencia
semanal,
la
dura-
ción
media
del
trabajo
no
excederá
de
cuarenta
y
ocho
horas,
por
cada
período
de
siete
días,
en
cómputo
anual.
e)
En
aquellas
localidades,
en
las
que
existan
servicios
comunes
u
otros
órganos
que
presten
apo-
yo
al
servicio
de
guardia,
el
Director
General
de
Relaciones
con
la
Administración
de
Justicia,
o
en
su
caso
los
órganos
competentes
de
las
Comuni-
dades
Autónomas,
que
les
hayan
sido
transferidas
las
competencias
de
medios
personales
de
la
Admi-
nistración
de
Justicia,
podrán
acordar
la
incorpo-
ración
de
este
personal
al
servicio
de
guardia.
Estos
funcionarios
prestarán
el
servicio
de
guar-
dia
de
la
misma
forma
y
con
las
mismas
compen-
saciones,
según
el
tipo
de
guardia
previsto
en
esta
resolución.»
Disposición
derogatoria
única.
Se
deroga
el
punto
séptimo
de
la
Resolución
de
5
de
diciembre
de
1996,
de
la
Secretaría
de
Estado
de
Justicia,
por
la
que
se
dictan
instrucciones
sobre
jornada
y
horarios
en
el
ámbito
de
la
Administración
de
Justicia.
Disposición
final
única.
La presente resolución entrará en
vigor
el
día
siguien-
te
al
de
su
publicación
en
el
«Boletín
Oficial
del
Estado».
Madrid,
4
de
junio
de
2003.—El
Secretario
de
Estado,
Rafael
Catalá
Polo.
Ilmo.
Sr.
Director
General
de
Relaciones
con
la
Admi-
nistración
de
Justicia.
MINISTERIO
DE
LA
PRESIDENCIA
12099
REAL
DECRETO
681/2003,
de
12
de
junio,
sobre
la
protección
de
la
salud
y
la
seguridad
de
los
trabajadores
expuestos
a
los
riesgos
derivados
de
atmósferas
explosivas
en
el
lugar
de
trabajo.
La
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
determina
el
cuerpo
básico
de
garantías
y
responsabilidades
preciso
para
establecer
un
adecuado
nivel
de
protección
de
la
salud
de
los
traba-
jadores
frente
a
los
riesgos
derivados
de
las
condiciones
de
trabajo,
en
el
marco
de
una
política
coherente,
coor-
dinada
y
eficaz.
Según
su
artículo
6,
serán
las
normas
reglamentarias
las
que
irán
fijando
y
concretando
los
aspectos
más
técnicos
de
las
medidas
preventivas.
Así,
son
las
normas
de
desarrollo
reglamentario
las
que
deben
fijar
las
medidas
mínimas
que
deben
adop-
tarse
para
la
adecuada
protección
de
los
trabajadores.
Entre
ellas
se
encuentran
las
destinadas
a
garantizar
la
protección
de
los
trabajadores
contra
los
riesgos
deri-
vados
de
atmósferas
explosivas
en
el
lugar
de
trabajo.
Asimismo,
la
seguridad
y
la
salud
de
los
trabajadores
han
sido
objeto
de
diversos
convenios
de
la
Organización
Internacional
del
Trabajo
ratificados
por
España
y
que,
por
tanto,
forman
parte
de
nuestro
ordenamiento
jurí-
dico.
Destaca,
por
su
carácter
general,
el
Convenio
núme-
ro
155,
de
22
de
junio
de
1981,
sobre
seguridad
y
salud
de
los
trabajadores
y
medio
ambiente
de
trabajo,
ratificado
por
España
el
26
de
julio
de
1985.
En
el
mismo
sentido,
en
el
ámbito
de
la
Unión
Europea
se
han
fijado,
mediante
las
correspondientes
directivas,
criterios
de
carácter
general
sobre
las
acciones
en
materia
de
segu-
ridad
y
salud
en
el
trabajo,
así
como
criterios
específicos
referidos
a
medidas
de
protección
contra
accidentes
y
situaciones
de
riesgo.
Concretamente,
la
Directiva
1999/92/CE
del
Parla-
mento
Europeo
y
del
Consejo,
de
16
de
diciembre
de
1999,
relativa
a
las
disposiciones
mínimas
para
la
mejora
de
la
protección
de
la
salud
y
la
seguridad
de
los
trabajadores
expuestos
a
los
riesgos
derivados
de
atmósferas
explosivas,
establece
las
disposiciones
espe-
cíficas
mínimas
en
este
ámbito.
Mediante
este
real
decre-
to
se
procede
a
la
transposición
al
Derecho
español
del
contenido
de
esta
directiva.
La
norma
contiene
la
definición
de
atmósfera
explo-
siva,
que
se
define
como
la
mezcla
con
el
aire,
en
con-
diciones
atmosféricas,
de
sustancias
inflamables
en
for-
ma
de
gases,
vapores,
nieblas
o
polvos,
en
la
que,
tras
una
ignición,
la
combustión
se
propaga
a
la
totalidad
de
la
mezcla
no
quemada.
Se
contemplan
en
la
norma,
además,
una
serie
de
obligaciones
del
empresario
con
objeto
de
prevenir
las
explosiones
y
de
proteger
a
los
trabajadores
contra
éstas.
El
empresario
deberá
tomar
diferentes
medidas
de
carácter
técnico
u
organizativo,
siempre
de
acuerdo
con
los
principios
básicos
que
deben
inspirar
la
acción
preventiva,
que
se
combinarán
o
com-
pletarán,
cuando
sea
necesario,
con
medidas
contra
la
propagación
de
las
explosiones.
De
carácter
específico
son
la
obligación
de
evaluar
los
riesgos
de
explosión
y
la
de
coordinar,
cuando
en
un
mismo
lugar
de
trabajo
se
encuentren
trabajadores
de
varias
empresas,
además
de
la
obligación
de
elaborar
un
documento
de
protección
contra
explosiones
y
de
clasificar
en
zonas
las
áreas
en
las
que
puedan
formarse
atmósferas
explosivas.
En
la
elaboración
de
este
real
decreto
han
sido
con-
sultadas
las
organizaciones
empresariales
y
sindicales
más
representativas
y
ha
sido
oída
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
En
su
virtud,
de
conformidad
con
el
artículo
6
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
a
propuesta
de
los
Ministros
de
Tra-
bajo
y
Asuntos
Sociales
y
de
Ciencia
y
Tecnología,
de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado
y
previa
deliberación
del
Consejo
de
Ministros
en
su
reunión
del
día
6
de
junio
de
2003,
D
I
S
P
O
N
G
O
:
CAPÍTULO
I
Disposiciones
generales
Artículo
1.
Objeto
y
ámbito
de
aplicación.
1.
Este
real
decreto
tiene
por
objeto,
en
el
marco
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
establecer
las
disposiciones
míni-
mas
para
la
protección
de
la
salud
y
seguridad
de
los
trabajadores
que
pudieran
verse
expuestos
a
riesgos
deri-