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BOE
núm.
86
Martes 11 abril 2006
13961
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en los siguientes términos:
«Haber contratado a personas respecto de las
que se haya publicado en el Boletín Oficial del
Estado el incumplimiento a que se refiere el artículo
18.6 de la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos
de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del
Estado, por haber pasado a prestar servicios en
empresas o sociedades privadas directamente rela-
cionadas con las competencias del cargo desempe-
ñado durante los dos años siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibición de contratar se
mantendrá durante el tiempo que permanezca den-
tro de la organización de la empresa la persona con-
tratada con el límite máximo de dos años a contar
desde el cese como alto cargo.»
Disposición final tercera.
Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los 20 días de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-
des, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 10 de abril de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 
6474
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por
el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garan-
tías y responsabilidades preciso para establecer un ade-
cuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de tra-
bajo, en el marco de una política coherente, coordinada y
eficaz.
Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo ante-
rior, son las normas reglamentarias las que deben ir con-
cretando los aspectos más técnicos de las medidas pre-
ventivas, estableciendo las medidas mínimas que deben
adoptarse para la adecuada protección de los trabajado-
res. Entre tales medidas se encuentran las destinadas a
garantizar la protección de los trabajadores contra los
riesgos derivados de la exposición al amianto durante el
trabajo.
Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores
han sido objeto de diversos Convenios de la Organización
Internacional del
T
rabajo ratificados por España y que, por
tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Destaca, por su carácter general, el Convenio número
155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de
los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado
por España el 26 de julio de 1985 y, por su carácter espe-
cífico, el Convenio número 162, de 24 de junio de 1986,
sobre la utilización del asbesto, en condiciones de seguri-
dad, ratificado por España el 17 de julio de 1990.
En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 137 del
T
ratado constitutivo de la Comunidad Europea establece
como objetivo la mejora, en concreto, del entorno de
trabajo, para proteger la salud y seguridad de los traba-
jadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha
ido dotando en los últimos años de un cuerpo normativo
altamente avanzado que se dirige a garantizar un mejor
nivel de protección de la salud y de seguridad de los tra-
bajadores.
Ese cuerpo normativo está integrado por diversas
directivas específicas. En el ámbito de la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición al amianto durante el trabajo, fueron adoptadas, en
concreto, dos directivas. La primera de ellas fue la Direc-
tiva 83/477/CEE, del Consejo, de 19 de septiembre de
1983, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante
el trabajo. Esta directiva se incorporó a nuestro ordena-
miento jurídico interno mediante la Orden del Ministerio
de
Trabajo y Seguridad Social, de 31 de octubre de 1984,
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto. Posteriormente fueron aprobadas una
serie de normas como complemento a las disposiciones
del reglamento. La primera fue la Orden del Ministerio de
T
rabajo y Seguridad Social, de 7 de enero de 1987
, por la
que se establecen normas complementarias del regla-
mento sobre trabajos con riesgo de amianto. Posterior-
mente se aprobaron otras normas que regulaban y desa-
rrollaban aspectos más concretos sobre esta materia:
Resolución de la Dirección General de
T
rabajo, de 8 de
septiembre de 1
987
, sobre tramitación de solicitudes de
homologación de laboratorios especializados en la deter-
minación de fibras de amianto; Orden del Ministerio de
T
rabajo y Seguridad Social, de 22 de diciembre de 1987
,
por la que se aprueba el modelo de libro registro de datos
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto; Resolución de la Dirección General de
T
rabajo, de 20 de febrero de 1989, por la que se regula la
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico
para el control de la exposición al amianto.
Nuevamente teniendo como origen el ámbito comuni-
tario, la aprobación de la Directiva 91/382/CEE, de 25 de
junio, modificativa de la Directiva 83/477/CEE, obligó a
modificar las normas españolas. Ello se llevó a cabo
mediante la Orden del Ministerio de
T
rabajo y Seguridad
Social, de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los
artículos 2.º, 3.º y 13.º de la Orden de 31 de octubre de
1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto y el artículo 2.º de la Orden de 7 de
enero de 1987 por la que se establecen normas comple-
mentarias al citado reglamento.
Actualmente, la aprobación de la Directiva 2003/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de
2003, que una vez más modifica a la Directiva 83/477/CEE,
obliga a adaptar la legislación española en esta materia.
Entre las diversas posibilidades de transposición de la
citada directiva, se ha optado por la aprobación de una
norma en la que, al tiempo que se efectúa esta adaptación
de la normativa española a la comunitaria, se incorpore
toda la dispersa regulación española sobre esta materia,
evitando desarrollos o remisiones a regulaciones poste-
riores. Ello responde a la necesidad planteada desde
todos los ámbitos implicados de dotar a la normativa
española sobre el amianto de una regulación única, evi-
tando la dispersión y complejidad actual, que se vería
aumentada en caso de proceder a una nueva modifica-
ción del reglamento.
Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar
la necesidad de actualizar el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984
fue una norma adelantada a su tiempo, que introducía en
el ámbito de los trabajos con amianto conceptos preven-
tivos desconocidos en nuestra normativa, entonces deno-