1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71
Martes 23 de marzo de 2010
Sec. I.   Pág. 27970
principales
de la
entidad especializada,
a
los fines
previstos
en
el apartado
5
del
artículo
31
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicará a la autoridad laboral su decisión
acerca
de
la
aprobación
del
proyecto
en
cuanto
a
los
requisitos
de
carácter
sanitario.
2.
Al
mismo
tiempo,
la autoridad
laboral
competente solicitará
informe
de
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
y
de
los
órganos
técnicos
en
materia
preventiva
de las
comunidades autónomas
o,
en el
caso de las
ciudades con
estatuto
de autonomía
de Ceuta y de Melilla, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en
el
Trabajo,
así
como
aquellos
otros
que
considere
necesarios
acerca
de
los
aspectos no contemplados en el apartado anterior
.
3.
La autoridad laboral competente recabará
informe preceptivo de todas las
comunidades
autónomas
en
las
que
la
entidad
haya
indicado
que
pretende
desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente hará lo mismo respecto
de
las
autoridades
sanitarias
afectadas
y
en
relación
a
la
comprobación
del
cumplimiento de los requisitos sanitarios.
El informe de las autoridades laborales afectadas versará sobre la suficiencia de
los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante y se
manifestará sobre la procedencia o improcedencia de la acreditación.
4.
Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas
recabarán, a su
vez,
informe
de
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
y
de
sus
órganos
técnicos
territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como cuantos
otros informes considere necesarios.
5.
La autoridad laboral, a la vista de la decisión de la autoridad sanitaria y de
los informes emitidos,
dictará y notificará
la resolución en
el plazo
de tres
meses,
contados
desde la
entrada de
la
solicitud en
el registro
del
órgano administrativo
competente
para
resolver,
acreditando
a
la
entidad
o
denegando
la
solicitud
formulada.
Dicho
plazo
se
ampliará
a
seis
meses
en
el
supuesto
previsto
en
el
apartado 3.
Transcurrido
dicho
plazo
sin
que
se
haya
notificado
resolución
expresa,
la
solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad
con el artículo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
6.
Procederá
dictar
resolución
estimatoria
por
parte
de
la
autoridad
laboral
competente
cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos señalados
en el artículo 23.
La resolución estimatoria, que deberá especificar los ámbitos de actividad de la
entidad
especializada,
se
notificará
a
las
autoridades
laborales
afectadas,
inscribiéndose tales datos en el Registro al que se refiere el artículo 28.
7.
Contra
la
resolución
expresa
o
presunta
de
la
autoridad
laboral
podrá
interponerse
recurso
de
alzada
en
el
plazo
de
un
mes
ante
el
órgano
superior
jerárquico correspondiente.»
Doce.
 
El artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26.
Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento.
1.
Las
entidades
especializadas
deberán
mantener,
en
todo
momento,
los
requisitos
necesarios
para
actuar
como
servicios
de
prevención
establecidos
en
este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.
A
fin
de
garantizar
el
cumplimiento
de
esta
obligación,
las
entidades
especializadas
deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que afecte
a dichos requisitos de funcionamiento.
2.
Las
autoridades
laboral
y
sanitaria
podrán
verificar,
en
el
ámbito
de
sus
competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las
cve: BOE-A-2010-4765