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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71
Martes 23 de marzo de 2010
Sec. I.   Pág. 27972
c)
La revocación definitiva de la acreditación cuando el expediente se deba a
la concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del artículo anterior.
En el caso del párrafo b), la resolución habrá de fijar el
plazo en el
que la entidad
debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia
expresa
de que,
en caso
contrario, la
acreditación quedará
definitivamente revocada.
Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las citadas
condiciones o
requisitos dentro del plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente,
previas las comprobaciones oportunas, dictará nueva resolución en el plazo máximo
de tres
meses levantando
la suspensión acordada o revocando
definitivamente la
acreditación.
8.
La resolución se notificará a la entidad especializada, al resto de autoridades
laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el artículo 28
donde
se
anotará,
en
su
caso,
la
revocación
o
suspensión
de
la
acreditación
mediante el correspondiente asiento.
9.
Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha
del
acuerdo
que
inicia
el
expediente
de
revocación
conforme
al
apartado
1,
sin
cómputo
de las interrupciones imputables a la
entidad, se producirá la caducidad del
expediente y
se archivarán las actuaciones, de lo
que se librará
testimonio a solicitud
del interesado.
10.
Asimismo,
si
no
se
hubiese
notificado
resolución
expresa
transcurridos
tres
meses
desde
la fecha
de
la comunicación
por
la
entidad
especializada
a
la
autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones
y requisitos establecidos en la
resolución
que
suspendió
la
acreditación,
se
producirá
la
caducidad
del
procedimiento
y la resolución
en
que
se declare
ordenará
el
archivo
de las
actuaciones con los
efectos previstos en
el artículo
92 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo
Común.
11.
Contra las
resoluciones
de
la autoridad
laboral
cabrá
la interposición
de
recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente en los plazos
señalados en el artículo 1
15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»
Catorce.
 
El artículo 28 queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 28.
Registro.
1.
En
los
órganos
competentes
de
las
comunidades
autónomas
o
de
la
Administración
General
del
Estado,
en
el
caso
de
las
ciudades
con
estatuto
de
autonomía de Ceuta y de Melilla, se creará un registro en el que serán inscritas las
entidades
especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevención,
así
como
las
personas
o
entidades
especializadas
a
las
que
se
haya
concedido
autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención
de conformidad con lo establecido en el capítulo V de esta disposición.
2.
La configuración de los registros deberá permitir que, con independencia de
la autoridad laboral competente que haya expedido la acreditación:
a)
Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas
como servicios de prevención ajenos o entidades auditoras.
b)
Las
entidades
especializadas
puedan
cumplir
sus
obligaciones
de
comunicación
de datos relativos al
cumplimiento de los requisitos de funcionamiento
con las autoridades laborales competentes.
c)
Las
autoridades
laborales,
las
autoridades
sanitarias,
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social,
el
Instituto Nacional
de
Seguridad
e
Higiene
en
el
Trabajo así como los
órganos técnicos territoriales en
materia de
seguridad y salud
en
el
trabajo
puedan
tener
acceso
a
toda
la
información
disponible
sobre
las
entidades
especializadas
acreditadas
como
servicios
de
prevención
ajenos
o
cve: BOE-A-2010-4765