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BOE
núm.
47
Miércoles
24
febrero
1999
7599
MINISTERIO
DE
TRABAJO
Y
ASUNTOS
SOCIALES
4525
REAL
DECRETO
216/1999,
de
5
de
febrero,
sobre
disposiciones
mínimas
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
en
el
ámbito
de
las
empre-
sas
de
trabajo
temporal.
El
artículo
28
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
relativo
a
las
rela-
ciones
de
trabajo
temporales,
de
duración
determinada
y
en
empresas
de
trabajo
temporal,
establece
que
los
trabajadores
con
estas
relaciones
de
trabajo
deberán
disfrutar
del
mismo
nivel
de
protección
en
materia
de
seguridad
y
salud
que
los
restantes
trabajadores
de
la
empresa
en
la
que
prestan
sus
servicios.
A
tal
efecto,
en
el
citado
artículo
se
establecen
los
deberes
y
obli-
gaciones
de
carácter
preventivo
que
corresponden
a
la
empresa
en
la
que
se
prestan
los
servicios
requeridos
y,
en
su
caso,
los
que
debe asumir la empresa de trabajo
temporal.
La
Directiva
91/383/CEE,
del
Consejo,
de
25
de
junio,
por
la
que
se
completan
las
medidas
tendentes
a
promover
la
mejora
de
la
seguridad
y
salud
de
los
trabajadores
con
una
relación
laboral
de
duración
deter-
minada
o
de
empresas
de
trabajo
temporal,
señala
que,
según
las
investigaciones
llevadas
a
cabo,
se
concluye
que
en
general
los
trabajadores
en
empresas
de
trabajo
temporal
están
más
expuestos
que
los
demás
trabaja-
dores,
en
determinados
sectores,
a
riesgos
de
accidentes
de
trabajo
o
de
enfermedades
profesionales,
añadiendo
que
los
riesgos
suplementarios
citados
están
relaciona-
dos
en
parte
con
determinados
modos
específicos
de
integración
en
la
empresa,
y
que
dichos
riesgos
pueden
disminuirse
mediante
la
información
y
formación
ade-
cuadas
desde
el
comienzo
de
la
relación
laboral.
En
el
caso
de
las
empresas
de
trabajo
temporal
la
referencia
en
la
Directiva
a
los
modos
específicos
de
integración
en
la
empresa
supone
valorar
la
peculiar
rela-
ción
triangular
que
genera
el
contrato
de
puesta
a
dis-
posición
previsto
en
la
Ley
14/1994,
de
1
de
junio,
por
el
que
se
regulan
las
empresas
de
trabajo
temporal,
de
forma
que
el
trabajador
contratado
por
una
empresa
de
trabajo
temporal
presta
sus
servicios
en
el
ámbito
organizativo
de
una
empresa
distinta,
la
empresa
usuaria,
con
sus
consiguientes
efectos
en
cuanto
a
su
presencia
en
un
ámbito
de
condiciones
de
trabajo,
y
con
ello
de
riesgos
laborales,
que
no
es
el
de
su
empresario
laboral.
Es
esta
circunstancia
la
que
motiva
que
deban
tratarse
de
forma
especial
las
obligaciones
de
estos
dos
empre-
sarios,
reforzando
particularmente
las
referidas
a
infor-
mación
y
formación,
cuando
con
ello
se
favorezca
la
disminución
de
riesgos,
y
estableciendo
medidas
limi-
tativas
de
la
realización
de
determinados
trabajos
en
los
que,
por
su
especial
peligrosidad,
la
adopción
de
medidas
preventivas
de
otra
índole
no
garantice
los
ade-
cuados
niveles
de
seguridad.
En
esta
línea,
la
Ley
14/1994,
de
1
de
junio,
esta-
bleció
unas
obligaciones
concretas
de
formación
a
cargo
de
la
empresa
de
trabajo
temporal
y
unas
obligaciones
de
la
empresa
usuaria
en
materia
de
protección
de
la
seguridad
y
la
salud
de
los
trabajadores,
así
como
de
información
a
éstos
sobre
los
riesgos
del
puesto
de
tra-
bajo
a
desarrollar
y
sobre
las
medidas
de
prevención
y
protección
a
aplicar.
Por
su
parte,
el
Real
Decre-
to
4/1995,
de
13
de
enero,
por
el
que
se
desarrolla
la
Ley
anteriormente
citada,
formalizó
las
obligaciones
de
información
como
parte
integrante
del
contenido
de
los
contratos
de
puesta
a
disposición
y
de
los
propios
contratos
de
trabajo
temporales
y
órdenes
de
servicio
de
los
trabajadores
contratados.
Finalmente,
el
artículo
8
de
la
Ley
14/94
citada
estableció
la
imposibilidad
de
celebrar
contratos
de
puesta
a
disposición
para
la
realización
de
aquellas
actividades
y
trabajos
en
que
así
se
determinara
reglamentariamente,
en
razón
de
su
espe-
cial
peligrosidad.
Con
objeto
de
integrar
y
desarrollar
los
principios
lega-
les
citados,
teniendo
en
cuenta
igualmente
el
contenido
de
la
indicada
Directiva
91/383/CEE,
resulta
necesario
concretar,
mediante
el
presente
Real
Decreto,
las
medi-
das
necesarias
para
la
ejecución
de
los
deberes
y
obli-
gaciones
específicos
de
las
empresas
de
trabajo
tem-
poral
y
de
las
empresas
usuarias
en
la
contratación
y
desarrollo
de
este
tipo
de
trabajo,
con
objeto
de
garan-
tizar
el
derecho
de
los
trabajadores
al
mismo
nivel
de
protección
de
su
seguridad
y
su
salud
que
los
restantes
trabajadores
de
la
empresa
en
la
que
prestan
sus
servi-
cios,
así
como
establecer
la
relación
de
actividades
y
trabajos
que,
en
razón
de
su
especial
peligrosidad,
deben
quedar
excluidos
de
la
celebración
de
contratos
de
pues-
ta
a
disposición.
En
su
virtud,
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
6.1.f)
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
y
en
el
artícu-
lo
8.b)
de
la
Ley
14/1994,
de
1
de
junio,
por
la
que
se
regulan
las
empresas
de
trabajo
temporal,
a
propuesta
del
Ministro
de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales,
consultadas
las
organizaciones
empresariales
y
sindicales
más
repre-
sentativas,
oída
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo,
de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado
y
previa
deliberación
del
Consejo
de
Ministros
en
su
reunión
del
día
5
de
febrero
de
1999,
D
I
S
P
O
N
G
O
:
Artículo
1.
Objeto
y
ámbito
de
aplicación.
1.
El
presente
Real
Decreto
establece,
en
el
marco
de
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
las
disposiciones
específicas
míni-
mas
de
protección
de
la
seguridad
y
la
salud
de
los
trabajadores
contratados
por
las
empresas
de
trabajo
temporal
reguladas
por
la
Ley
14/1994,
de
1
de
junio,
para
ser
puestos
a
disposición
de
empresas
usuarias,
con
objeto
de
garantizar
a
estos
trabajadores,
cualquiera
que
sea
su
modalidad
de
contratación,
el
mismo
nivel
de
protección
que
los
restantes
trabajadores
de
la
empre-
sa
en
la
que
prestan
sus
servicios,
así
como
determinar
las
actividades
y
trabajos
en
los
que,
en
razón
de
su
especial
peligrosidad,
no
podrán
celebrarse
contratos
de
puesta
a
disposición.
2.
Las
disposiciones
del
Real
Decreto
39/1997,
de
17
de
enero,
por
el
que
se
aprueba
el
Reglamento
de
los
Servicios
de
Prevención,
se
aplicarán
plenamente
en
el
ámbito
al
que
se
refiere
el
apartado
anterior,
sin
perjuicio
de
las
disposiciones
específicas
previstas
en
este
Real
Decreto.
Artículo
2.
Disposiciones
relativas
a
la
celebración
del
contrato
de
puesta
a
disposición.
1.
Con
carácter
previo
a
la
celebración
del
contrato
de
puesta
a
disposición,
la
empresa
usuaria
deberá
infor-
mar
a
la
empresa
de
trabajo
temporal
sobre
las
carac-
terísticas
propias
del
puesto
de
trabajo
y
de
las
tareas
a
desarrollar,
sobre
sus
riesgos
profesionales
y
sobre
las
aptitudes,
capacidades
y
cualificaciones
profesiona-
les
requeridas,
todo
ello
desde
el
punto
de
vista
de
la
protección
de
la
salud
y
la
seguridad
del
trabajador
que