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BOE
núm.
25
Martes
29
enero
2002
3507
sentantes
de
estas
Comunidades
Autónomas,
pues
sólo
así
podrá
realizarse
una
tarea
completa
de
coordinación
y
unificación
entre
todas
las
unidades
que
ejercen
fun-
ciones
de
policía
judicial.
En
este
sentido,
se
modifican
los
artículos
32
y
34
del
Real
Decreto
769/1987,
para
introducir
una
repre-
sentación
autonómica
en
la
composición
de
la
Comisión
Nacional
de
Coordinación
de
Policía
Judicial
y
en
la
de
las
Comisiones
Provinciales
de
Coordinación
de
Policía
Judicial.
En
su
virtud,
a
propuesta
del
Vicepresidente
Primero
del
Gobierno
y
Ministro
del
Interior
y
del
Ministro
de
Justicia,
previa
aprobación
del
Ministro
de
Administra-
ciones
Públicas,
con
informe
de
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado
y
previa
deliberación
del
Consejo
de
Ministros
en
su
reunión
del
día
18
de
enero
de
2002,
D
I
S
P
O
N
G
O
:
Artículo
único.
Se
introducen
las
siguientes
modificaciones
en
los
artículos
32
y
34,
del
Real
Decreto
769/1987,
de
19
de
junio,
sobre
regulación
de
la
Policía
Judicial:
Uno.
Se
adiciona
un
párrafo
h)
al
artículo
32,
con
la
siguiente
redacción:
«h)
Un
representante
de
cada
una
de
las
Comu-
nidades
Autónomas
con
competencia
estatutaria
para
la
protección
de
las
personas
y
bienes
y
para
el
mantenimiento
del
orden
público,
que
ejerzan
efectivamente
funciones
de
policía
judicial.»
Dos.
Se
adiciona
un
párrafo
f)
al
artículo
34,
con
la
siguiente
redacción:
«f)
En
el
caso
de
Comunidades
Autónomas
con
competencia
estatutaria
para
la
protección
de
las
personas
y
bienes
y
para
el
mantenimiento
del
orden
público,
y
que
ejerzan
efectivamente
funcio-
nes
de
policía
judicial,
el
responsable
de
la
misma
a
nivel
provincial.»
Disposición
final
única.
Este
Real
Decreto
entrará
en
vigor
el
día
siguiente
al
de
su
publicación
en
el
«Boletín
Oficial
del
Estado».
Dado
en
Madrid
a
18
de
enero
de
2002.
JUAN
CARLOS
R.
El
Ministro
de
la
Presidencia,
JUAN
JOSÉ
LUCAS
GIMÉNEZ
MINISTERIO
DE
MEDIO
AMBIENTE
1697
REAL
DECRETO
1481/2001,
de
27
de
diciembre,
por
el
que
se
regula
la
eliminación
de
residuos
mediante
depósito
en
vertedero.
La
Directiva
1999/31/CE,
del
Consejo,
de
26
de
abril,
relativa
al
vertido
de
residuos,
establece
un
régimen
con-
creto
para
la
eliminación
de
los
residuos
mediante
su
depósito
en
vertederos.
Configuran
las
líneas
básicas
de
su
regulación
la
clasificación
de
los
vertederos
en
tres
categorías,
la
definición
de
los
tipos
de
residuos
aceptables
en
cada
una
de
dichas
categorías,
el
esta-
blecimiento
de
una
serie
de
requisitos
técnicos
exigibles
a
las
instalaciones,
la
obligación
de
gestionar
los
ver-
tederos
después
de
su
clausura
y
una
nueva
estructura
e
imputación
de
los
costes
de
las
actividades
de
vertido
de
residuos.
España
es
uno
de
los
países
europeos
en
los
que,
en
gran
porcentaje,
se
utiliza
el
vertedero
para
la
eli-
minación
de
los
residuos.
La
existencia
de
vertederos
incontrolados
y
las
obligaciones
impuestas
por
la
nor-
mativa
comunitaria
justifican
la
adopción
del
presente
Real
Decreto
que
incorpora
al
derecho
interno
la
Direc-
tiva
1999/31/CE.
En
el
marco
de
la
Ley
10/1998,
de
21
de
abril,
de
Residuos,
y
demás
normativa
aplicable,
particularmente
la
legislación
sobre
prevención
y
control
integrados
de
la
contaminación,
el
presente
Real
Decreto
establece
el
régimen
jurídico
aplicable
a
las
actividades
de
elimi-
nación
de
residuos
mediante
su
depósito
en
vertederos.
Asimismo,
delimita
los
criterios
técnicos
mínimos
para
su
diseño,
construcción,
explotación,
clausura
y
man-
tenimiento.
También
aborda
la
adaptación
de
los
ver-
tederos
actuales
a
las
exigencias
del
Real
Decreto
y
los
impactos
ambientales
a
considerar
en
la
nueva
situación.
Entre
las
disposiciones
de
carácter
general
se
inclu-
yen
las
definiciones
recogidas
en
la
Directiva
que
se
traspone,
obviando
aquellas
cuyo
concepto
reproduce
la
Ley
10/1998,
por
considerar
que
su
reiteración
no
es
necesaria
para
la
aplicación
de
la
norma
concreta.
No
obstante,
en
este
Real
Decreto
se
regula
el
alma-
cenamiento
de
residuos,
estableciendo
un
plazo
inferior
al
previsto
con
carácter
general
en
la
Ley
de
Residuos,
para
los
supuestos
en
que
se
trate
de
residuos
distintos
a
los
peligrosos
y
dicha
actividad
se
realice
con
carácter
previo
a
la
eliminación,
en
concordancia
con
la
Directiva
y
haciendo
uso
de
la
habilitación
expresa
establecida
para
ello
en
el
artículo
3.n)
de
la
mencionada
Ley.
Del
mismo
modo,
en
el
artículo
19.4
de
la
Ley
10/1998
se
habilita
al
Gobierno
para
establecer
en
vía
reglamen-
taria
las
normas
reguladoras
de
las
instalaciones
de
eli-
minación
de
residuos.
De
acuerdo
con
la
Directiva
1999/31/CE,
los
ver-
tederos
deberán
incluirse
en
alguna
de
las
siguientes
categorías:
vertederos
de
residuos
peligrosos,
vertederos
de
residuos
no
peligrosos
y
vertederos
de
residuos
iner-
tes.
Dado
el
carácter
de
normativa
básica
del
presente
Real
Decreto,
tal
clasificación
deberá
adoptarse
en
todo
el
territorio
nacional,
con
independencia
de
las
subcla-
sificaciones
que
puedan
establecer
las
Comunidades
Autónomas.
Asimismo,
se
identifican
los
tipos
de
resi-
duos
aceptables
en
las
diferentes
categorías
de
verte-
deros,
prohibiéndose
expresamente
la
admisión
de
deter-
minados
residuos.
La
creación,
ampliación
y
modificación
de
vertederos
estará
sometida
al
régimen
de
autorizaciones
de
las
acti-
vidades
de
eliminación
de
residuos
previsto
en
la
Ley
10/1998 y, en su caso, a lo establecido en la legislación
sobre
prevención
y
control
integrados
de
la
contami-
nación.
En
todo
caso,
deberán
observarse
las
obligacio-
nes
exigidas
por
la
normativa
sobre
impacto
ambiental.
Asimismo,
se
acotan
los
requisitos
mínimos
de
las
solicitudes
de
autorización,
las
comprobaciones
previas
a
realizar
por
las
autoridades
competentes
y
el
contenido
de
aquélla.
La
autorización
para
vertederos
de
residuos
peligrosos
contendrá
la
obligación
de
su
titular
de
sus-
cribir
un
seguro
de
responsabilidad
civil
y
el
depósito
de
una
fianza,
según
lo
previsto
en
el
artículo
22.2
de
la
Ley
de
Residuos.
La
autorización
para
vertederos
de
residuos
distintos
a
los
peligrosos
estará
condicionada
a
lo
que
determine
la
legislación
estatal
sobre
residuos
en
materia
de
constitución
de
seguro
de
responsabilidad
civil
y
prestación
de
fianzas
u
otras
garantías
equiva-
lentes.