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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47972
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular lo que se refiere a la utilización de la
referencia catastral, la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica y las
obligaciones de comunicación, colaboración y suministro de información previstas por la
normativa catastral. Las disposiciones adicionales tercera y cuarta regulan,
respectivamente, las infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética
de los edificios y las sanciones, así como su graduación.
VIII
El régimen transitorio contiene dos disposiciones. La primera de ellas tiene como
objeto establecer el calendario para que los propietarios de las edificaciones a que hace
referencia el artículo 4 se doten del Informe de Evaluación regulado por esta Ley,
estableciendo un esquema gradual razonable que, en la línea ya establecida por el Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa tiene en cuenta su antigüedad (más de 50
años), sin perjuicio de establecer las especialidades que requieren aquellos edificios que
ya hayan pasado la inspección técnica, de conformidad con su propia regulación, en los
que se busca evitar duplicidades indeseables, y aquéllos otros cuyos titulares pretendan
acogerse a posibles ayudas públicas estatales a la rehabilitación. Se establece, además,
un plazo más amplio que el que finaliza en el año 2015, a tenor de lo dispuesto hoy en el
citado Real Decreto-ley 8/2011, plazo inasequible para los más de 3 millones de viviendas
afectadas. Con ello se pretende ir adaptando gradualmente, aunque de forma decidida,
nuestro parque edificado a condiciones mínimas de conservación, accesibilidad y calidad
que ya son demandables en virtud de la legislación vigente, sin perjuicio de lo que
establezcan, además, las Comunidades Autónomas y los propios Ayuntamientos.
La segunda establece, con carácter excepcional, y durante un período que no
excederá de cuatro años, una norma transitoria que trata de adecuar la mencionada
reserva mínima obligatoria a la realidad del mercado, así como a la de sus potenciales
beneficiarios. La regla contenida en el artículo 10.1 b) de la vigente Ley de Suelo tenía
sentido en una coyuntura de expansión de nuestros mercados inmobiliarios, prolongada e
intensa en el tiempo, a la vez que en un contexto marcado por las ayudas públicas a la
adquisición de esta clase de viviendas. La realidad, sin embargo, es hoy bien distinta. La
actual situación de las familias que reúnen las condiciones para poder acceder a estas
viviendas, unida a la fuerte caída acumulada de los precios de la vivienda libre durante
los últimos años y la inexistencia de adecuación a dicha situación, en los módulos de la
vivienda protegida, han provocado dos efectos que aconsejan el establecimiento de esta
regla excepcional y temporal: de un lado el acercamiento sustancial de los precios de
ambas, lo que resta toda competitividad a la vivienda protegida, caracterizada por un
régimen jurídico mucho más restrictivo que el de la vivienda libre, y de otro la difícil
situación económica de las familias, tanto en términos de renta para poder adquirir una
vivienda, como en términos del acceso al crédito de las entidades financieras. T
odo ello
provoca que hoy, en el stock de vivienda sin vender ya construida, se encuentren
viviendas con protección pública, derivadas del cumplimiento de la mencionada reserva
mínima estatal y que dicha reserva, por tanto, no sólo no esté coadyuvando al
cumplimiento de los fines previstos, sino que esté rigidizando injustificadamente las
operaciones que, sobre todo en el suelo urbano, pero también en gran medida en el suelo
urbanizable, tienen posibilidades de realizarse, incluso en los momentos difíciles que
atraviesa el sector inmobiliario.
Por último, la disposición derogatoria contiene, además de la cláusula general, la
derogación explícita de todos aquellos artículos de las diversas Leyes ya mencionadas,
que quedan subsumidos en esta Ley, con una nueva redacción, sistemática y coherente.
cve: BOE-A-2013-6938