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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47971
y funcional y de su repercusión energética.
 Dado que la Directiva exige que esta
certificación se adjunte cuando una vivienda se ponga en venta o en alquiler, en aras de
una mayor transparencia del mercado, una mayor información para los propietarios y un
menor coste en su emisión, se busca la doble racionalidad y sinergia que supone incluirla
en el informe de evaluación del edificio.
VI
El Título II contiene la regulación de las actuaciones sobre el medio urbano, que van
desde las de rehabilitación edificatoria, hasta las que supongan una regeneración y
renovación urbanas, identificando los sujetos legitimados para participar en ellas y
ofreciendo nuevos instrumentos que, sin duda, contribuirán a facilitar la gestión y la
cooperación interadministrativa tan necesaria en estos casos. La Ley amplía las
facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y
cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad
jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el
cumplimiento del deber legal de conservación, e introduce los instrumentos de gestión y
los mecanismos de cooperación interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el
marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la búsqueda de
mecanismos que pretenden conseguir que la financiación para la rehabilitación sea más
accesible y se encuentre más al alcance de los interesados. Se establecen además, otros
mecanismos específicos para facilitar la financiación de estas actuaciones, entre los que
destacan los convenios entre las Administraciones Públicas actuantes, los propietarios y
demás sujetos que vayan a intervenir en la ejecución, que pueden incluir, desde la
explotación conjunta del inmueble o partes del mismo, a los siguientes tipos de contratos
o colaboración:
cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento del derecho de explotación a
terceros, a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda a los
propietarios de las fincas.
permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a rehabilitación por
determinada edificación futura.
arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un
edificio por plazo determinado a cambio del pago por el arrendatario o cesionario de todos o
de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación
de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservación, etc.
constituir consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, con participación
privada minoritaria.
Además, con independencia de que se permita poner en marcha cualquier posible
fórmula de coordinación, se asegura la colaboración y la cooperación económica de la
Administración General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente,
siempre que se otorgue prioridad en las ayudas estatales a las actuaciones que tengan
por objeto la conservación, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas tal y como se conciban en los correspondientes Planes estatales.
VII
Las disposiciones adicionales albergan cuatro normas de contenido diverso.
 La
primera recoge el sistema informativo general e integrado que dispusiera la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, para garantizar que la Administración General
del Estado, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y las Administraciones
Locales, promoverá la actualización permanente y la explotación de la información
necesaria para el desarrollo de las políticas públicas a favor de un medio urbano
sostenible y competitivo.
 La segunda aclara que sigue vigente todo lo previsto en el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
cve: BOE-A-2013-6938