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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47970
El Título Preliminar de la Ley describe su objeto, que consiste en regular las
condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible y competitivo del medio
urbano, así como el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la
rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos
existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos calidad de vida y la
efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
 
El Título
Preliminar, asimismo, se refiere a las políticas que los poderes públicos, dentro del ámbito
de sus competencias, deberán formular y desarrollar, en el marco de los principios de
sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia
energética y complejidad funcional. Para todo ello, dispone el legislador estatal de
fundamento competencial constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª, 16.ª, 18.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución.
V
El Título I contiene la regulación básica del Informe de Evaluación de los Edificios,
que parte de la establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa,
pero supera algunas de sus insuficiencias. Entre ellas, la que lo identificaba plenamente
con la Inspección Técnica de Edificios regulada por las Comunidades Autónomas y por
algunos Ayuntamientos y
, precisamente, a sus únicos efectos. El legislador estatal, al
regular este Informe de Evaluación, trata de asegurar la calidad y sostenibilidad del
parque edificado, así como obtener información que le permita orientar el ejercicio de sus
propias políticas. Para ello, se dota de un instrumento que otorga la necesaria uniformidad
a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de dichos
objetivos, todo ello sin prejuzgar las concretas medidas de intervención administrativa
que deban poner en marcha las Administraciones competentes, para ir adaptando –de
manera gradual en el tiempo–, el parque edificado español, a unos criterios mínimos de
calidad y sostenibilidad.
 Su exigencia también se limita a aquellos edificios que tienen
verdadera transcendencia en relación con los mencionados objetivos, así como con una
determinada política económica y de vivienda a escala estatal, que son los de tipología
colectiva y siempre que su uso sea el residencial o asimilado.
Se busca también facilitar a las Administraciones competentes un instrumento que les
permita disponer de la información precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones
básicas legalmente exigibles, tanto en materia de conservación, como de accesibilidad.
Así, las primeras se regulan en el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y las segundas se derivan de la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige la realización de los
ajustes razonables en materia de accesibilidad universal (con sus obras correspondientes),
estableciendo incluso un plazo, que finaliza en el año 2015, momento a partir del cual
pueden ser legalmente exigidos, tanto para los edificios, como para los espacios públicos
urbanizados existentes y, por tanto, también controlados por la Administración Pública
competente.
Por último, el informe contiene un apartado de carácter orientativo sobre un aspecto
clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia energética y el
cumplimiento de los compromisos de España con Europa en el horizonte 2020: la
Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios, exigida por la Directiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia
energética, y por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de mayo de 2010, que la refunde y completa. La certificación contendrá, no sólo una
calificación del edificio a tales efectos (mediante letras, de la A a la G), sino también unas
recomendaciones sobre las mejoras energéticas que podrían realizarse, analizadas en
términos de coste/beneficio y clasificadas en función de su viabilidad técnica, económica
cve: BOE-A-2013-6938