1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 60
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47969
Esta norma constituye legislación básica dictada al amparo de la competencia estatal
para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad
económica, reconocida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, y fija, en consecuencia,
un «común denominador» de «carácter nuclear» que deja suficiente margen a las
Comunidades Autónomas para el ejercicio de las competencias que les son propias.
 
Adicionalmente, y en los términos fijados en la disposición final decimonovena, la presente
Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales reconocidos en el artículo 149.1.1.ª,
8.ª, 14.ª, 16.ª, 18.ª, 23.ª, 25.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia sobre regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales,
legislación civil, hacienda general y deuda del Estado, bases y coordinación general de la
sanidad, bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, procedimiento
administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa y el sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, legislación básica sobre protección del
medio ambiente, bases del régimen energético y regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
Dentro de este marco, los objetivos perseguidos por esta Ley son los siguientes:
En primer lugar, potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos
que la hagan viable y posible.
En segundo lugar, ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y
reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en
concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas.
En tercer lugar, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la
edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo,
sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la
pobreza energética.
Para ello, además de los contenidos propios de la nueva Ley, cuya función estriba
básicamente en llenar los vacíos legales existentes, resulta necesario afrontar la
modificación de las siguientes normas actualmente en vigor, tanto para eliminar aquellos
obstáculos que impiden hoy alcanzar los objetivos propuestos, como para adaptar los
existentes a los nuevos: el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.
 En algunos casos puntuales, la modificación incluye la
derogación de determinados preceptos.
Los tres objetivos señalados en los párrafos anteriores se alinean con la Directiva
2010/31/UE, en la medida en que la presente Ley persigue promover la eficiencia
energética y atender a los desafíos provocados por el cambio climático. Para ello, se
reconoce la oportunidad que ofrece la transformación del modelo productivo hacia
parámetros de sostenibilidad ambiental, social y económica, con la creación de empleos
vinculados con el medio ambiente, los llamados empleos verdes, en concreto, aquellos
vinculados con las energías renovables y las políticas de rehabilitación y ahorro
energético.
IV
La Ley se compone de un Título Preliminar, dos Títulos, cuatro disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veinte
disposiciones finales.
cve: BOE-A-2013-6938