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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47968
Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender los objetivos
de eficiencia energética y de recuperación económica ya expresados, sino también de
contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de
la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como
en los espacios urbanos. No en vano, muchas de las más importantes operaciones de
regeneración y renovación urbanas tienen, además, un carácter integrado, es decir,
articulan medidas sociales, ambientales y económicas, que se suman a las estrictamente
físicas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecución de aquellos objetivos.
En suma, la actividad de rehabilitación en su conjunto debe buscar áreas que permitan
aplicar políticas integrales que contemplen intervenciones no solo en el ámbito físico-
espacial, sino también en los ámbitos social, económico, ambiental y de integración de la
ciudad.
 El tamaño de estas operaciones permitirá la puesta en servicio de redes de
instalaciones energéticas a escala de barrio, con menor consumo de recursos, y que
permitirían que los barrios tiendan a la autosuficiencia energética en el medio plazo.
III
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de
vivienda y urbanismo, el Estado no puede mantenerse al margen de la realidad del sector
inmobiliario español, y con él, de nuestra economía, ni tampoco de los retos sociales y
ambientales planteados, no sólo porque parte de las respuestas corresponden a su
ámbito competencial, sino también porque muchas de las exigencias que se demandan
en relación con un medio urbano sostenible, proceden en la actualidad de la Unión
Europea o de compromisos internacionales asumidos por España. Entre ellos, la Directiva
2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
refundida posteriormente en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios y la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, a las que pueden añadirse la Estrategia Temática para
el Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, o
la Declaración de T
oledo –aprobada por los Ministros responsables del desarrollo urbano
de los 27 Estados miembros de la Unión Europea el 22 de junio de 2010–, de acuerdo
con la cual «la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente
en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad
ya consolidada», y en la que se destaca la importancia de la regeneración urbana
integrada y su potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible
y socialmente inclusivo en Europa.
La regulación que contiene esta norma se enmarca en un contexto de crisis
económica, cuya salida depende en gran medida –dado el peso del sector inmobiliario en
dicha crisis–, de la recuperación y reactivación –de cara sobre todo al empleo– del sector
de la construcción.
 Dicha salida, en un contexto de improcedencia de políticas de
expansión, tales como la generación de nueva ciudad y nuevas viviendas, sólo es posible
actuando sobre el patrimonio inmobiliario y la edificación existente.
T
ambién se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio
inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energético, con el relanzamiento
de la industria de materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y
dotaciones de la edificación y de las tecnologías de energías renovables, para hacer
frente, no sólo a los retos energéticos de la economía española –dependencia del exterior
en energías primarias e incremento de costes y riesgos que tal dependencia supone–,
sino también a los compromisos adquiridos en el contexto de la Unión Europea y su
paquete de objetivos en materia energética y de lucha contra el cambio climático para el
año 2020. Estos compromisos incluyen la intervención sobre el parque de viviendas
existentes en cuanto sector en el que es posible un ahorro energético considerable y en
el que hay que incidir también desde el punto de vista de la lucha contra el cambio
climático, inducido por los gases de efecto invernadero.
cve: BOE-A-2013-6938