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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47967
II
No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita
intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan
hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así
como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas
condiciones de conservación. Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque
edificado, que asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 %
(5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único instrumento que actualmente permite
determinar el grado de conservación de los inmuebles, la Inspección Técnica de Edificios,
no sólo es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y así se pone de manifiesto desde
los más diversos sectores relacionados con la edificación, sino que ni siquiera está
establecido en todas las Comunidades Autónomas, ni se exige en todos los municipios
españoles.
A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las
exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de
ellos, de las ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios se construyó con anterioridad a
la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia
energética: la norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en
los edificios. La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20
«Energía y Cambio Climático», que establece, para los 27 países miembros, dos objetivos
obligatorios: la reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del consumo, junto a un
objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energética en un 20 %. Estos objetivos
europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al
cumplimiento de los mismos, a través de las medidas de rehabilitación que permitirán
reducir los consumos de energía, que promoverán energías limpias y que, por efecto de
las medidas anteriores, reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero del
sector. En relación con este último objetivo, España debe reducir en el año 2020, un 10 %
de las emisiones de los sectores difusos, con respecto al año 2005. Dentro de estos
sectores, definidos como aquellos no incluidos en el comercio de derechos de emisión, se
encuentra el residencial, el cual, conjuntamente con el sector comercial e institucional
representa un 22 % de las emisiones difusas, siendo asimismo responsable de emisiones
indirectas, por consumo eléctrico. Las emisiones de los sectores difusos representan
el 2/3 de las totales, por lo que el objetivo de avanzar en una «economía baja en
carbono», mediante actuaciones en las viviendas de baja calidad, que en España se
sitúan entre las construidas en las décadas de los 50, 60 y 70, y mejorando la eficiencia
del conjunto del parque residencial, es clave.
Precisamente, la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética,
tras reconocer que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la
Unión Europea, obliga no sólo a renovar anualmente un porcentaje significativo de los
edificios de las Administraciones centrales para mejorar su rendimiento energético, sino a
que los Estados miembros establezcan, también, una estrategia a largo plazo, hasta el
año 2020 –para minorar el nivel de emisiones de CO
2
– y hasta el año 2050 –con el
compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95 % en relación a los niveles de
1990–, destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y
comerciales, para mejorar el rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario.
A través de esta estrategia de renovaciones exhaustivas y rentables que reduzcan el
consumo de energía de los edificios, en porcentajes significativos con respecto a los
niveles anteriores a la renovación, se crearán además oportunidades de crecimiento y de
empleo en el sector de la construcción.
Y aún con todo, el porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación
con el total de la construcción es, asimismo, uno de los más bajos de la zona euro,
situándose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno del 41,7 %
del sector de la construcción, y ello aún con el desplome de dicho sector en España, a
consecuencia de la crisis.
cve: BOE-A-2013-6938