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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47966
PREÁMBULO
I
Los problemas económicos y sociales existentes en torno al mercado del suelo y la
vivienda en España son de muy diversa índole y, en buena medida, anteriores a la crisis
económico-financiera. La mayoría tienen, de hecho, un carácter estructural y no solo
coyuntural, si bien algunos de ellos se han visto agravados por el cambio de ciclo
económico, al tiempo que han contribuido también a agudizar la crisis.
La tradición urbanística española, como ya reconoció el legislador estatal en la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se ha volcado fundamentalmente en la producción
de nueva ciudad, descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones y
aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de
manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y
garantizando la calidad de vida a sus habitantes. Estas otras intervenciones son mucho
más complejas, tanto desde el punto de vista social como económico; complejidad que se
agrava en el momento presente a consecuencia de un contexto desfavorable para la
financiación pública, debido a los procesos de estabilización presupuestaria, y también
para la financiación privada, por las restricciones en el acceso a los créditos, derivadas de
la crisis del sector financiero y del empobrecimiento de muchas familias a consecuencia
de los altos niveles de desempleo.
Sin embargo, el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del
sector inmobiliario y de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e
integrador, tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos
en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y renovación
urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley
. T
al y como se deduce del Sistema
de Información Urbana y el Estudio de Sectores Residenciales en España 2011, ambos
elaborados por el Ministerio de Fomento, España posee actualmente, si no se reactiva la
demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos
cuarenta y cinco años. Esta situación se agrava cuando se observa que gran parte de
estos suelos se encuentran situados en entornos donde no es previsible ningún
incremento de demanda en los próximos años. A ello se une el dato significativo de
vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas.
T
anto a corto, como a medio plazo, será muy
difícil que los sectores inmobiliario y de la construcción puedan contribuir al crecimiento
de la economía española y a la generación de empleo si continúan basándose,
principalmente y con carácter general, en la transformación urbanística de suelos vírgenes
y en la construcción de vivienda nueva.
Pero aún en el caso de que así fuera, la legislación vigente ya da cumplida respuesta
a estos procesos, mientras que no existe un desarrollo en igual medida que permita
sustentar las operaciones de rehabilitación y las de regeneración y renovación urbanas,
en las que, además, todavía persisten obstáculos legales que impiden su puesta en
práctica o, incluso, su propia viabilidad técnica y económica. Es preciso, por tanto, generar
un marco normativo idóneo para dichas operaciones, que no sólo llene las lagunas
legales actualmente existentes, sino que remueva los obstáculos que las imposibilitan en
la práctica y que propicie la generación de ingresos propios para hacer frente a las
mismas.
La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro
relevante papel que jugar en la recuperación económica, coadyuvando a la reconversión
de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turístico. La actividad turística es
clave para la economía de nuestro país y supone más de un 10,2 % del PIB, aportando
un 1
1,39 % del empleo. Numerosos destinos turísticos «maduros» se enfrentan a un
problema sistémico en el que tiene mucho que ver el deterioro físico de sus dotaciones y
respecto de los cuales, la aplicación de estrategias de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas podría generar impactos positivos que, a su vez, servirían de palanca
imprescindible para el desarrollo económico de España.
cve: BOE-A-2013-6938