1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 60
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153
Jueves 27 de junio de 2013
Sec. I.   Pág. 47974
de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo y del crecimiento y de la
creación de empleo, que ahora se tramita como Proyecto de Ley.
La disposición final décima modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con
el fin de profundizar en el cumplimiento del principio de transparencia contenido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
La disposición final undécima modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, con el objeto de resolver los
problemas que plantea en relación con la rehabilitación, y que vienen siendo reclamados
por los principales agentes del sector. Entre dichas modificaciones, destacan las que
tratan de eliminar las definiciones relacionadas con obras de rehabilitación que
actualmente inducen a error, la inclusión de los criterios de flexibilidad y no empeoramiento
en la aplicación del Código Técnico a las intervenciones en edificios existentes y, por
último, la obligación de declarar el nivel de prestaciones alcanzado y las condiciones de
uso y mantenimiento derivadas de la intervención. En los dos últimos casos, se trata de
aportar un elemento de transparencia en el mercado y de puesta en valor de la
rehabilitación. T
odo ello con independencia de que se vayan realizando posteriores
modificaciones de este Código, con carácter eminentemente técnico, con la finalidad de ir
adaptándolo a la intervención sobre edificios existentes, que revestirían ya la forma de
Orden Ministerial.
La disposición final duodécima incluye una importante modificación del texto refundido
de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. En
primer lugar, se completa la regulación del deber legal de conservación, para sistematizar
los tres niveles que ya, de conformidad con la legislación vigente, lo configuran: un primer
nivel básico o estricto, en el que el deber de conservación conlleva, con carácter general,
el destino a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística y la necesidad de
garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles. Además,
con carácter particular, el deber legal de conservación también contiene la necesidad de
satisfacer los requisitos básicos de la edificación, establecidos en el artículo 3.1 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con lo que se dota de
mayor coherencia a la tradicional referencia de este deber a la seguridad y a la salubridad,
sin que el cumplimiento de estos requisitos signifique, con carácter general, la aplicación
retroactiva del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, a la edificación construida con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo.
Un segundo nivel, en el que el deber de conservación incluye los trabajos y obras
necesarios para adaptar y actualizar progresivamente las edificaciones, en particular las
instalaciones, a las normas legales que les vayan siendo explícitamente exigibles en cada
momento. No se trata de aplicar con carácter retroactivo la normativa, sino de incluir en
este deber las obligaciones que para la edificación existente explícitamente vaya
introduciendo la normativa del sector con el objetivo de mantener sus condiciones de uso,
de acuerdo con la evolución de las necesidades sociales.
Y un tercer nivel, en el que se define con mayor precisión y se perfila más
específicamente, el carácter de las obras adicionales incluidas dentro del propio deber de
conservación, por motivos de interés general, desarrollando lo que la Ley de Suelo definió
como «mejora». Se distinguen así dos supuestos: los tradicionales motivos turísticos o
culturales, que ya forman parte de la legislación urbanística autonómica, y la mejora para
la calidad y sostenibilidad del medio urbano, que introdujo la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible, y que puede consistir en la adecuación parcial, o completa, a
todas o a alguna de las exigencias básicas establecidas en el ya citado Código Técnico
de la Edificación. En ambos casos, la imposición del deber requerirá que la Administración,
de manera motivada, determine el nivel de calidad que deba ser alcanzado por el edificio,
para cada una de las exigencias básicas a que se refiera la imposición del mismo y su
límite se mantiene en los mismos términos que ya contiene la legislación en vigor.
cve: BOE-A-2013-6938