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Sábado
13
diciembre
2003
BOE
núm.
298
I.
Disposiciones
generales
JEFATURA
DEL
ESTADO
22861
LEY
54/2003,
de
12
de
diciembre,
de
refor-
ma
del
marco
normativo
de
la
prevención
de
riesgos
laborales.
JUAN
CARLOS
I
REY
DE
ESPAÑA
A
todos
lo
que
la
presente
vieren
y
entendieren.
Sabed:
Que
las
Cortes
Generales
han
aprobado
y
Yo
vengo
en
sancionar
la
siguiente
ley.
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
I
El
11
de
febrero
de
1996
entró
en
vigor
la
Ley
31/1995,
de
8
de
noviembre,
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales.
Esta
ley,
articulada
sobre
los
principios
de
eficacia,
coor-
dinación
y
participación
al
tiempo
que
inspirada
por
los
objetivos
de
responsabilidad
y
cooperación,
vino
a
cum-
plir
la
exigencia
de
un
nuevo
enfoque
normativo
dirigido
a
poner
término
a
la
falta
de
visión
unitaria
de
la
pre-
vención
de
riesgos
laborales
en
nuestro
país,
a
actualizar
regulaciones
ya
desfasadas,
a
adecuar
la
legislación
española
a
la
legislación
comunitaria
sobre
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
y
a
regular
situaciones
nuevas
no
contempladas
con
anterioridad.
La
aplicación
de
la
Ley
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
así
como
de
sus
disposiciones
de
desarrollo
o
complementarias
y
demás
normas
relativas
a
la
adop-
ción
de
medidas
preventivas
en
el
ámbito
laboral,
per-
sigue
no
sólo
la
ordenación
de
las
obligaciones
y
responsabilidades
de
los
actores
inmediatamente
rela-
cionados
con
el
hecho
laboral,
sino
fomentar
una
nueva
cultura
de
la
prevención.
De
este
modo,
la
exigencia
de
una
actuación
en
la
empresa
desborda
el
mero
cum-
plimiento
formal
de
un
conjunto
de
deberes
y
obliga-
ciones,
requiriendo
la
planificación
de
la
prevención
des-
de
el
momento
mismo
del
diseño
del
proyecto
empre-
sarial,
la
evaluación
inicial
de
los
riegos
inherentes
al
trabajo
y
su
actualización
periódica
a
medida
que
se
alteren
las
circunstancias
y
varíen
las
condiciones
de
trabajo,
así
como
la
ordenación
de
un
conjunto
coherente
e
integrador
de
medidas
de
acción
preventiva
adecuadas
a
la
naturaleza
de
los
riesgos
y
el
control
de
la
efectividad
de
dichas
medidas.
II
Desde
la
entrada
en
vigor
de
la
Ley
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
los
poderes
públicos,
Estado
y
comunidades
autónomas,
los
agentes
sociales,
las
empresas
y
los
trabajadores
y
demás
entidades
dedi-
cadas
a
la
prevención
de
riesgos
laborales,
han
desarro-
llado
un
ingente
esfuerzo,
en
todos
los
órdenes
y
cada
uno
en
su
ámbito
de
responsabilidad,
que
ha
dotado
a
España
de
un
marco
homologable
en
esta
materia
a
la
política
común
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
de
la
Unión
Europea
y
a
las
políticas
desarrolladas
por
sus
Estados
miembros.
Este
esfuerzo
debía
conducir
a
la
integración
de
la
prevención
de
riesgos
laborales
en
todos
los
niveles
de
la
empresa
y
a
fomentar
una
auténtica
cultura
de
la
prevención.
Sin
embargo,
la
experiencia
acumulada
en
la
puesta
en
práctica
del
marco
normativo,
en
los
más
de
siete
años
transcurridos
desde
la
entrada
en
vigor
de
la
ley,
permite
ya
constatar
tanto
la
existencia
de
ciertos
problemas
que
dificultan
su
aplicación,
como
la
de
determinadas
insuficiencias
en
su
contenido,
que
se
manifiestan,
en
términos
de
accidentes
de
trabajo,
en
la
subsistencia
de
índices
de
siniestralidad
laboral
inde-
seados
que
reclaman
actuaciones
tan
profundas
como
ágiles.
El
análisis
de
estos
problemas
pone
de
manifiesto,
entre
otras
cuestiones,
una
deficiente
incorporación
del
nuevo
modelo
de
prevención
y
una
falta
de
integración
de
la
prevención
en
la
empresa,
que
se
evidencia
en
muchas
ocasiones
en
el
cumplimiento
más
formal
que
eficiente
de
la
normativa.
Se
pone
al
mismo
tiempo
de
manifiesto
una
falta
de
adecuación
de
la
normativa
de
prevención
de
riesgos
laborales
a
las
nuevas
formas
de
organización
del
trabajo,
en
especial
en
las
diversas
formas
de
subcontratación
y
en
el
sector
de
la
construcción.
III
En
el
mes
de
octubre
de
2002,
fruto
de
la
preocu-
pación
compartida
por
todos
por
la
evolución
de
los
datos
de
siniestralidad
laboral,
el
Gobierno
promovió
el
reinicio
de
la
Mesa
de
Diálogo
Social
en
materia
de
Pre-
vención
de
Riesgos
Laborales
con
las
organizaciones
empresariales
y
sindicales.
Además,
se
mantuvieron
diversas
reuniones
entre
el
Gobierno
y
las
comunidades
autónomas
en
el
seno
de
la
Conferencia
Sectorial
de
Asuntos
Laborales
para
tratar
de
estas
cuestiones
de
manera
conjunta.
Las
conclusiones
de
este
doble
diálogo,
social
e
ins-
titucional,
se
han
concretado
en
un
conjunto
de
medidas
para
la
reforma
del
marco
normativo
de
la
prevención
de
riesgos
laborales,
encaminadas
a
superar
los
pro-
blemas
e
insuficiencias
respecto
de
los
cuales
existe
un
diagnóstico
común,
asumidas
el
30
de
diciembre
de
2002
como
Acuerdo
de
la
Mesa
de
Diálogo
Social
sobre
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
entre
el
Gobier-
no,
la
Confederación
Española
de
Organizaciones
Empre-
sariales,
la
Confederación
Española
de
la
Pequeña
y
la
Mediana
Empresa,
Comisiones
Obreras
y
la
Unión
Gene-
ral
de
Trabajadores.
Estas
medidas
fueron
refrendadas