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Miércoles 31 octubre 2007
BOE
núm.
261
a regular la configuración general de la contratación del
sector público y los elementos estructurales de los contra-
tos, la preparación de estos contratos, la selección del
contratista y la adjudicación de los contratos, los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos administrati-
vos, y la organización administrativa para la gestión de la
contratación. El criterio primordial de estructuración
atiende a las materias reguladas (Título preliminar y
Libros I, IV y
V) o a bloques homogéneos de actuación
(Libros II y III). Dentro de esos primeros niveles de orde-
nación, las divisiones ulteriores se han establecido des-
agregando esos mismos criterios (Libros I, III y V), o intro-
duciendo una nueva pauta basada en el alcance de las
normas, según resulten aplicables a todos los contratos,
con carácter general, o sólo a determinados tipos contrac-
tuales (Libros II y IV); por último, en los Libros II y III, ha
sido necesario utilizar un criterio adicional, agrupando las
disposiciones por razón de sus distintos destinatarios
dentro del sector público.
IV
T
omando como referencia los principios que han
guiado la elaboración de esta Ley, las principales noveda-
des que presenta su contenido en relación con su inme-
diato antecedente, el
Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, afectan a 1) la
delimitación de su ámbito de aplicación, 2) la singulariza-
ción de las normas que derivan directamente del derecho
comunitario, 3) la incorporación de las nuevas regulacio-
nes
sobre
contratación
que
introduce
la
Directiva
2004/18/CE, 4) la simplificación y mejora de la gestión
contractual, y 5) la tipificación legal de una nueva figura,
el contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado:
1
.
A fin de ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al
de las directivas comunitarias, así como para no dejar
entidades del sector público exentas de regulación, la
delimitación de los entes sujetos se realiza en términos
muy amplios. A estos efectos, el artículo 3.1 enumera en
sus letras a) a g) las entidades que, de acuerdo con una
determinación de política legislativa interna y autónoma,
se considera conveniente que, en todo caso, se sujeten a
la legislación de contratos públicos; esta lista, inspirada
en la definición de sector público de la Ley General Presu-
puestaria con las pertinentes correcciones terminológicas
para permitir la extrapolación de sus categorías a los sec-
tores autonómico y local y la adición de menciones expre-
sas a las Universidades Públicas y a los denominados
«reguladores independientes», está formulada en térmi-
nos extremadamente amplios. Para asegurar el cierre del
sistema, la letra h) de este apartado –que funciona como
cláusula residual y reproduce literalmente la definición de
«organismo público» de la Directiva 2004/18/CE, en
cuanto poder adjudicador sujeto a la misma–, garantiza
que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la Ley
se extienda a cualquier organismo o entidad que, con
arreglo a la norma comunitaria, deba estar sometido a
sus prescripciones. Dentro de las entidades del sector
público, la Ley distingue tres categorías de sujetos que
presentan un diferente nivel de sometimiento a sus pres-
cripciones: Administraciones Públicas; entes del sector
público que, no teniendo el carácter de Administración
Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes del
sector público que no son Administraciones Públicas ni
están sometidos a esta Directiva; el hecho de que se
ponga el acento en la regulación de la contratación de las
Administraciones Públicas, sometiéndola a disposiciones
más detalladas que las que rigen para las entidades suje-
tas a la Ley que no tienen este carácter (sobre todo en lo
que se refiere a la celebración de contratos no sujetos a
regulación armonizada) no significa que éstas últimas no
puedan hacer uso de determinadas técnicas de contrata-
ción o de figuras contractuales contempladas de modo
expreso sólo en relación con aquéllas (subasta electró-
nica, contratos de colaboración o instrumentos para la
racionalización de la contratación, por ejemplo) puesto
que siempre será posible que sean incorporadas a las
instrucciones internas de contratación que deben aprobar
esas entidades o que se concluyan al amparo del princi-
pio de libertad de pactos.
2.
Como medio para identificar el ámbito normativo
supeditado a las prescripciones de las directivas comuni-
tarias se ha acuñado la categoría legal de «contratos suje-
tos a regulación armonizada»
, que define los negocios
que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de
su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices
europeas. La positivación de esta categoría tiene por fina-
lidad permitir la modulación de la aplicabilidad de las
disposiciones comunitarias a los distintos contratos del
sector público, restringiéndola, cuando así se estime con-
veniente, solo a los casos estrictamente exigidos por
ellas. Por exclusión, utilizándolo de forma negativa, el
concepto también sirve para definir el conjunto de contra-
tos respecto de los cuales el legislador nacional tiene
plena libertad en cuanto a la configuración de su régimen
jurídico. La identificación de estos contratos se ajusta a
los parámetros de la Directiva, con las dos matizaciones
siguientes: por una parte, y en minoración de la caracteri-
zación efectuada por la norma comunitaria, el concepto
no incluye, por economía normativa y simplicidad de
redacción, los contratos de servicios de las categorías 17
a 27 del anexo II, a los que la disposición comunitaria
declara aplicables sólo las normas sobre establecimiento
de prescripciones técnicas y publicidad de las adjudica-
ciones: en la medida en que el ámbito de la exención
supera con mucho al de la sujeción, se ha optado por
dejarlos fuera de la categoría de «contratos sujetos a
regulación armonizada» y establecer su sometimiento a
las mismas reglas que éstos en los lugares pertinentes de
la Ley; por otra parte, y como prescripción extensiva res-
pecto del derecho comunitario, que no ha abordado toda-
vía su regulación, se califican como contratos sujetos a
regulación armonizada, en todo caso, a los contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado,
en atención a su complejidad, cuantía, y peculiar configu-
ración.
3.
Incorporando en sus propios términos y sin reservas
las directrices de la Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos
del Sector Público incluye sustanciales innovaciones en lo
que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios
sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales
novedades afectan a la previsión de mecanismos que permi-
ten introducir en la contratación pública consideraciones de
tipo social y medioambiental, configurándolas como condi-
ciones especiales de ejecución del contrato o como criterios
para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que per-
mita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos
requerimientos éticos y sociales, como son los de acomoda-
ción de las prestaciones a las exigencias de un «comercio
justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo
como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comer-
cio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], y que permitan ajus-
tar la demanda pública de bienes y servicios a la disponibili-
dad real de los recursos naturales, a la articulación de un
nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competi-
tivo, pensado para contratos de gran complejidad en los que
la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a través
de la interacción entre el órgano de contratación y los licitado-
res; a la nueva regulación de diversas técnicas para racionali-
zar las adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco,
sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compras);
o, en fin, asumiendo las nuevas tendencias a favor de la des-
materialización de los procedimientos, optando por la plena
inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáti-