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Miércoles 31 octubre 2007
BOE
núm.
261
b)
Las entidades gestoras y los servicios comunes
de la Seguridad Social.
c)
Los organismos autónomos, las entidades públi-
cas empresariales, las Universidades Públicas, las Agen-
cias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto
que pertenezca al sector público o dependientes del
mismo, incluyendo aquellas que, con independencia fun-
cional o con una especial autonomía reconocida por la
Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control
de carácter externo sobre un determinado sector o acti-
vidad.
d)
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social
la participación, directa o indirecta, de entidades de las
mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado
sea superior al 50 por ciento.
e)
Los consorcios dotados de personalidad jurí-
dica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y la legislación de régimen local.
f)
Las fundaciones que se constituyan con una apor-
tación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias
entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimo-
nio fundacional, con un carácter de permanencia, esté
formado en más de un 50 por ciento por bienes o dere-
chos aportados o cedidos por las referidas entidades.
g)
Las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social.
h)
Cualesquiera entes, organismos o entidades con
personalidad jurídica propia, que hayan sido creados
específicamente para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil,
siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector
público financien mayoritariamente su actividad, contro-
len su gestión, o nombren a más de la mitad de los miem-
bros de su órgano de administración, dirección o vigi-
lancia.
i)
Las asociaciones constituidas por los entes, orga-
nismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
2.
Dentro del sector público, y a los efectos de esta
Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públi-
cas los siguientes entes, organismos y entidades:
a)
Los mencionados en las letras a) y b) del apartado
anterior.
b)
Los Organismos autónomos.
c)
Las
Universidades
Públicas.
d)
Las entidades de derecho público que, con inde-
pendencia funcional o con una especial autonomía reco-
nocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regula-
ción o control de carácter externo sobre un determinado
sector o actividad, y
e)
Las entidades de derecho público vinculadas a
una o varias Administraciones Públicas o dependientes
de las mismas que cumplan alguna de las características
siguientes:
1
que su actividad principal no consista en la pro-
ducción en régimen de mercado de bienes y servicios
destinados al consumo individual o colectivo, o que efec-
túen operaciones de redistribución de la renta y de la
riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
2.ª
que no se financien mayoritariamente con ingre-
sos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como
contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de
servicios.
No obstante, no tendrán la consideración de Adminis-
traciones Públicas las entidades públicas empresariales
estatales y los organismos asimilados dependientes de
las Comunidades Autónomas y Entidades locales.
3.
Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos
de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:
a)
Las
Administraciones
Públicas.
b)
T
odos los demás entes, organismos o entidades
con personalidad jurídica propia distintos de los expresa-
dos en la letra a) que hayan sido creados específicamente
para satisfacer necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o
varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador
de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o
nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano
de administración, dirección o vigilancia.
c)
Las asociaciones constituidas por los entes, orga-
nismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
Artículo 4.
Negocios y contratos excluidos.
1.
Están excluidos del ámbito de la presente Ley los
siguientes negocios y relaciones jurídicas:
a)
La relación de servicio de los funcionarios públi-
cos y los contratos regulados en la legislación laboral.
b)
Las relaciones jurídicas consistentes en la presta-
ción de un servicio público cuya utilización por los usua-
rios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público
de aplicación general.
c)
Los convenios de colaboración que celebre la
Administración General del Estado con las entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales, organismos autónomos y restantes
entidades públicas, o los que celebren estos organismos
y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan
la consideración de contratos sujetos a esta Ley.
d)
Los convenios que, con arreglo a las normas
específicas que los regulan, celebre la Administración con
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administra-
tivas especiales.
e)
Los convenios incluidos en el ámbito del artícu-
lo 296 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
que se concluyan en el sector de la defensa.
f)
Los acuerdos que celebre el Estado con otros Esta-
dos o con entidades de derecho internacional público.
g)
Los contratos de suministro relativos a activida-
des directas de los organismos de derecho público depen-
dientes de las Administraciones públicas cuya actividad
tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo,
si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos
con el propósito de devolverlos, con o sin transformación,
al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines
peculiares, siempre que tales organismos actúen en ejer-
cicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la
Ley.
h)
Los contratos y convenios derivados de acuerdos
internacionales celebrados de conformidad con el
T
ratado
Constitutivo de la Comunidad Europea con uno o varios
países no miembros de la Comunidad, relativos a obras o
suministros destinados a la realización o explotación con-
junta de una obra, o relativos a los contratos de servicios
destinados a la realización o explotación en común de un
proyecto.
i)
Los contratos y convenios efectuados en virtud de
un acuerdo internacional celebrado en relación con el
estacionamiento de tropas.
j)
Los contratos y convenios adjudicados en virtud
de un procedimiento específico de una organización inter-
nacional.
k)
Los contratos relativos a servicios de arbitraje y
conciliación.