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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308
Miércoles 23 de diciembre de 2009
Sec. I.   Pág. 108510
Disposición
transitoria quinta.
 
Implantación
de
la
ventanilla
única
y
del
servicio
de
atención a los consumidores y usuarios.
Disposición
transitoria
sexta.
 
Aprobación
del
sistema
de
gestión
de
la
ventanilla
única.
Disposición derogatoria.
Disposición final primera.
 
Título competencial.
Disposición final segunda.
 
Incorporación de Derecho comunitario.
Disposición final tercera.
 
Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
Disposición
final
cuarta.
 
Ley
8/2009,
de
28
de
agosto,
de
financiación
de
la
Corporación
de Radio y Televisión Española.
Disposición final quinta.
 
Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La
Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el
libre
acceso a
las actividades
de servicios
y su ejercicio, ha incorporado, parcialmente, al Derecho español, la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior, en adelante la Directiva.
La
Ley
mencionada
adopta
un
enfoque
ambicioso
fomentando
una
aplicación
generalizada
de
sus
principios
con
objeto
de
impulsar
una
mejora
global
del
marco
regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia, productividad y
empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de
los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
En efecto, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con
las
libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios y al mismo tiempo
permite
suprimir
las
barreras
y
reducir
las
trabas
que
restringen
injustificadamente
el
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular
, dicha Ley pone énfasis
en que
los instrumentos de intervención
de las Administraciones Públicas en este sector
deben
de ser analizados
pormenorizadamente y
ser conformes con los principios
de no
discriminación,
de
justificación
por
razones
imperiosas
de
interés
general
y
de
proporcionalidad para atender esas razones. Por otro lado, exige que se simplifiquen los
procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas
a
los
prestadores
de
servicios.
Adicionalmente,
se
refuerzan
las
garantías
de
los
consumidores y usuarios de los servicios, al obligar a los prestadores de servicios a actuar
con transparencia tanto respecto a la información que deben proveer como en materia de
reclamaciones.
Ahora
bien,
como
indica
el
Preámbulo
de
dicha
Ley
,
para
alcanzar
el
objetivo
de
reformar
significativamente
el
marco
regulatorio
no
basta
con el
establecimiento
de
los
principios
generales
que
deben
regir la
regulación actual
y
futura
de
las actividades
de
servicios, sino que es necesario proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa
reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los
principios que dicha Ley establece.
En este contexto, el objetivo de la presente Ley es doble. En primer lugar, adapta la
normativa estatal de
rango legal a lo dispuesto en
la Ley 17/2009, de
23 de noviembre,
sobre
el libre acceso
a las actividades de servicios
y su ejercicio,
en virtud
del mandato
contenido
en
su Disposición
final
quinta. En segundo lugar, con objeto
de
dinamizar en
mayor medida
el sector servicios y
de alcanzar ganancias de
competitividad en relación
con nuestros socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no
afectados
por
la
Directiva,
siguiendo
un
enfoque
ambicioso
que
permitirá
contribuir
de
manera
notable
a la mejora del entorno
regulatorio del
sector servicios
y a
la supresión
efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados. El entorno regulatorio
resultante
de
la
misma,
más
eficiente,
transparente,
simplificado
y
predecible
para
los
agentes económicos, supondrá un significativo impulso a la actividad económica.
cve: BOE-A-2009-20725